El Salvador tuvo una drástica caída en su puntaje de Transparencia en el Ránking Mundial de Rendición de Cuentas Presupuestarias 2023, elaborado por la International Budget Partnership (IBP). El país pasó de los 41 obtenidos en 2021 a solo 24 en la última entrega. Con ello, se colocó como el peor de la región Centroamericana, en el que la organización también incluye a México, Jamaica y Trinidad y Tobago.
Se trata de una investigación que compara el acceso a la información presupuestaria, las oportunidades de participar y la fiscalización del uso del dinero público. Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de FUNDE El Salvador, fue uno de los participantes del estudio. Durante más de un año recopiló la documentación necesaria para responder a las 142 preguntas del cuestionario, que se basa en la existencia objetiva de documentación, así como su calidad y fecha de publicación.
Para Rodríguez, el motivo de una calificación tan baja posiblemente recaiga en que, a diferencia de otras oportunidades, el gobierno de El Salvador no generó el reporte de auditoría relativo al final del año 2021. Este documento, explica la IBP, “examina la solidez e integridad de las cuentas de fin de año del Gobierno”.
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Los investigadores del informe analizaron ocho informes (que corresponden a cuatro procesos distintos) que todo gobierno debería generar y, después, publicar para que esté a disposición de todos sus ciudadanos para consulta abierta.
Los dos primeros documentos tienen que ver con la formulación del presupuesto. Uno es el documento preliminar de este, donde se divulgan los parámetros generales de las políticas fiscales antes de la propuesta de presupuesto del Ejecutivo; por lo tanto, esboza las previsiones económicas del Gobierno, los ingresos previstos, los gastos y la deuda. Fue muy mal calificado, al solo alcanzar 33 puntos de 100.
El segundo documento es el proyecto del presupuesto, que se presenta ante la Asamblea Legislativa para su aprobación. En este se detallan las fuentes de ingresos, las asignaciones a los ministerios, los cambios políticos propuestos y otra información importante para comprender la situación fiscal del país. No obtuvo ni un solo punto, pues no tuvo divulgación pública, sino que solo se conoció de manera interna, es decir, por su emisor (el Ministerio de Hacienda) y por su receptor (la Asamblea).
El segundo proceso es la aprobación. En este caso, uno de los dos documentos generados para este es el Presupuesto General de la Nación votado por los diputados, que fue excelentemente evaluado por la IBP con una calificación de 95 puntos. Pero el Gobierno falló en el otro, denominado “Presupuesto ciudadano”, una versión más sencilla y menos técnica, diseñada para transmitir información clave al público, en el que solo obtuvo 25.
El tercer proceso es la ejecución, donde se generan dos tipos de informes. El primero incluye información sobre los ingresos reales recaudados, los gastos reales realizados y la deuda contraída a diferentes intervalos; se publican trimestral o mensualmente. De nuevo, hubo una calificación aceptable, con 74 puntos. El segundo es una actualización exhaustiva de la ejecución del presupuesto a mediados del ejercicio fiscal. No se generó, al igual que en todas las anteriores evaluaciones de la IBP.
El último proceso es el de liquidación, con un reporte que describe la situación de las cuentas públicas al final del ejercicio e, idealmente, una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos políticos del presupuesto. La nota para este, correspondiente a 2021, fue de 67 puntos. Y, como se dijo arriba, el reporte de auditoría no se generó.
“El origen de los recursos públicos son las contribuciones y los tributos que pagan todos los ciudadanos. El gobierno está obligado a dar a conocer esa información presupuestaria, cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se está gestionando la deuda pública, y hemos encontrado dificultades para acceder a esta”, comenta Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de FUNDE El Salvador.
Las recomendaciones
Tras analizar la información, la International Budget Partnership emitió, como sus recomendaciones para El Salvador, la ejecución de acciones que todo Estado debería ejecutar de oficio.
Primero, recomienda que la Asamblea Legislativa debata “la política presupuestaria antes de que se presente el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo” y apruebe “recomendaciones para el próximo presupuesto”.
También apunta a que una comisión legislativa o el Departamento de Análisis y de Seguimiento del Presupuesto debería examinar la ejecución presupuestaria durante el año y publicar informes con sus conclusiones en línea. Esta última dependencia de la Asamblea Legislativa ya existe, según lo señala Rommel Rodríguez, de FUNDE, pero parece que no está realizando ningún trabajo relevante.
Por otro lado, se recomienda que, para reforzar la independencia y mejorar la supervisión de las auditorías por parte de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, se hagan acciones como garantizar “que los procesos de auditoría sean revisados por un organismo independiente”.
“El Salvador no cuenta con una institución fiscal independiente (IFI). Estas son cada vez más reconocidas como valiosas proveedoras de información independiente y no partidista para el Ejecutivo o el Parlamento durante el proceso presupuestario”, indica la IBP.