Un año después de una estampida en el estadio Cuscatlán, que cobró la vida de nueve personas, los presuntos responsables del hecho se encuentran en libertad, mientras tres doctoras siguen suspendidas por difundir comentarios relacionados al tema en redes sociales, denunció el gremio médico.
“En aquella fatídica noche, muchos profesionales de la salud estuvieron en la primera línea, brindando atención médica de emergencia y apoyo a los afectados por esta estampida, incluso las dos médicos residentes y la estudiante de séptimo año de la carrera de Medicina, quienes fueron suspendidas y finalmente sancionadas de manera arbitraria, por el Ministro de Salud y la Directora del ISSS”, señaló el Colegio Médico de El Salvador a través de una conferencia de prensa.
Las primeras tres doctoras afectadas en este contexto fueron sancionadas sin seguir un debido proceso y “violentándoles su derecho a continuar sus estudios de Medicina y de formarse como Especialistas”, agregó el presidente de la gremial, Iván Solano Leiva, epidemiólogo.
La noche del 20 de mayo de 2023 se disputaba un partido de fútbol y los organizadores habían vendido una cantidad de entradas que superó la capacidad del estadio. Al impedirles la entrada las personas empezaron a agolparse en los portones, que fueron cerrados, lo cual propició la tragedia.
En ese momento los señalamientos y cuestionamientos fueron inicialmente tanto a la organización como la policía, pero de repente la atención y las sanciones se dirigieron, no a los responsables de que todo se saliera de control, sino contra las médicas de turno que comentaron los hechos en redes sociales y que estaban a varios kilómetros del sitio de los hechos.
“En este primer aniversario con mucho respeto y solidaridad queremos rendir homenaje a todas las víctimas y sus familias, la tragedia del estadio Cuscatlán nos dejó lecciones importantes sobre la necesidad de contar con planes de contingencia bien estructurados” señaló el dirigente gremial.
Juez cambió delito a implicados en tragedia del Cuscatlán
Exonerados de cargos
Para Solano, “los verdaderos responsables de la tragedia no fueron investigados de forma adecuada y mucho menos sancionados”.
Debido a que los cinco capturados como responsables de la estampida fueron acusados de delitos de homicidio culposo y lesiones culposas (involuntarias), el 21 de junio durante la primera audiencia en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador todos quedaron en libertad y sobreseídos o exonerados del proceso penal. Todos los acusados conciliaron o arreglaron con las nueve familias afectadas por montos entre los $5,000 y los $10,000.
Beatriz Monteagudo, la primera estudiante de séptimo año sancionada, “fue juzgada por el Comité Docente, el cual determinó que 15 días estuviera suspendida, pero aún así, después de haber cumplido esa sanción, la directora (del ISSS) suspende todo el proceso que se había llevado, lo declara nulo, se le suspende a espera de un nuevo proceso, obviamente nunca más se le volvió a dar audiencia”, expuso el doctor Solano Leiva.
Una de las suspendidas falleció
Daniela Graciamaria Olivo Tobal, una de las estudiantes de séptimo año suspendidas tras protestar pacíficamente a las afueras del Hospital Nacional Rosales falleció el 10 de mayo. Aún se desconocen las causas.
Olivo Tobal pasó casi un año suspendida a la espera que el grupo se le permitiera continuar con sus estudios y prácticas profesionales.
“Que esta conmemoración nos inspire a todos a seguir trabajando por un El Salvador más seguro y saludable. Cómo gremio médico nos mueva a mantenernos unidos por la defensa de nuestros derechos fundamentales”, agregó Solano.
Irregularidades en sistema de salud
Después de este proceso sancionatorio plagado de irregularidades se destapó una ola de denuncias de los profesionales de la salud que laboran en el Ministerio y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ya que las autoridades no estaban aplicando los debidos procesos. Tras esta situación profesionales fueron sancionados con despido por apoyar a los estudiantes.
Meses después, sindicatos denunciaron nuevas irregularidades como falta de pagos y vacaciones a los empleados, por lo que hubo nuevas suspensiones al personal involucrado.
En el Hospital de Niños Benjamín Bloom, dos psiquiatras renunciaron por maltrato laboral, según confirmó el Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud.