Después de más de 15 días de haber sido emitida la orden judicial de liberación para Levi César Morales, hijo del líder indígena, Silverio Morales, las autoridades la hicieron efectiva la tarde de este martes.
La familia del ambientalista recibió una llamada de Centros Penales indicando que el jóven sería entregado este día en el centro penal de Izalco, y después de varias horas de espera la familia Morales se pudo reunir.
Después de 17 meses de prisión, las autoridades no presentaron elementos que lo vinculen con hechos delictivos.
Fespad insta a autoridades a cumplir orden judicial y liberar a hijo de líder indígena
Recientemente la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pidió a las autoridades la liberación de Levi, detenido desde noviembre de 2022 en el contexto de un régimen de excepción.
A través de su cuenta "X", Fespad detalló que: "El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado ha confirmado hoy que Levi Morales (hijo del líder indígena, Silverio Morales), debe ser puesto en libertad inmediata, al no presentarse ningún medio de impugnación en el caso.
Previamente la organización indicó que un tribunal del municipio de Santa Ana (noreste) otorgó, por segunda ocasión, medidas sustitutivas a la detención provisional para Morales acusado de agrupaciones ilícitas.
Fespad señaló que era la segunda ocasión que le otorgan medidas sustitutivas a la detención al joven, ya que "en la primera ocasión su liberación no se hizo efectiva, al contrario, fue recapturado cuando se disponía a ser puesto en libertad", así mismo exhortó que el joven dedicado al cultivo de la tierra debía ser puesto en libertad sin que exista amenaza de una recaptura y criminalización".
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Semanas antes el informe anual de Amnistía Internacional (AI), señala que el régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa para combatir a las pandillas desde marzo de 2022, es utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, principalmente a ambientalistas, y justificar sus detenciones arbitrarias.
Hasta la fecha las autoridades reportan más de 79,200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y más de 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.