El dinero que el público deposita en un banco no está físicamente allí. Está solo contablemente: quien tiene su dinero en una institución financiera, lo hace para resguardarlo. Por ello, los bancos deben tener solamente una fracción de estos depósitos. A esto es lo que se llama reservas de liquidez, que funcionan como un colchón en caso de un retiro masivo de efectivo por parte los clientes de un banco. Así, la entidad tiene la capacidad de responder de inmediato.
Tras el caso de COSAVI, en el que se desviaron al menos $35 millones de sus usuarios, en El Salvador se ha entrado en una época de incertidumbre. Las imágenes de personas llegando a las agencias de esa cooperativa de ahorro y crédito a exigir su dinero para, luego, irse con las manos vacías, son motivo de preocupación.
¿Estarían los bancos en El Salvador preparados para un retiro masivo? Estas instituciones en El Salvador solo cuentan con un promedio del 12.5 %, según los datos construidos por el exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Otto Boris Rodríguez, en base a la información generada por esa entidad. Esa cifra se obtiene al dividir el total de las reservas de liquidez ($2,338.9 millones) entre el total de depósitos ($18,706 millones).
“Los niveles de reservas de liquidez dependen de los enfoques de los bancos, pero en El Salvador, por ser un país que no cuenta con su propia moneda, se mantenían siempre allí por el 20 %”, comenta Rodríguez.
Por lo tanto, se está 7.5 puntos porcentuales por debajo de lo usual. Ese 20 % era un nivel que se superaba en diciembre de 2019, justo antes del inicio de la pandemia de Covid 19. Durante la crisis, el gobierno requirió a las instituciones bancarias muchos recursos.
Por ello, las reservas cayeron, llegando a su punto más bajo en abril de 2021, con el 11.7 %. La pandemia pasó y la economía se ha recuperado. Pero el Gobierno no ha dejado de requerir fondos a los bancos locales a través de las Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), conocidos tradicionalmente como la tarjeta de crédito del Estado, por ser de rápido desembolso, con periodos cortos y altos intereses.
Según la economista Tatiana Marroquín, este tipo de instrumentos se emiten cuando existe alguna autorización para buscar fondos y funcionan corrientemente como préstamos puente, es decir, para conseguir ese dinero mientras se obtiene un crédito con mejores condiciones.
Y, al menos en un caso, está comprobado que el Gobierno decidió no honrar sus compromisos con los bancos ya cuando contaba con los fondos para pagarles para usarlos en propósitos distintos.
Se trata del préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concedió a El Salvador en 2021, denominado “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19”.
Estos fondos servirían para pagarle a los bancos los fondos que habían proporcionado al Ejecutivo para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas a través del Banco Salvadoreño de Desarrollo (Bandesal), con subsidios y capital semilla. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele decidió usar un tercio, $200 millones, para la financiación de la adopción de Bitcoin en El Salvador.
Estos constituyen un alto porcentaje del dinero del préstamo del BCIE usado para “obligaciones generales del Estado”: $425 millones.
De allí que los bancos locales decidieran ofrecerle un trato al gobierno para cambiar las condiciones de la deuda de corto plazo, aumentándolo de un año y a 2, 3, 5 y 7 años.
Para el economista Otto Boris Rodríguez, es necesario que se aumenten los niveles de reservas de liquidez en este momento, en el que existe un entorno de alto riesgo. Para él, lo mejor sería que fueran del 16 % o el 18 %.
“Para resolver este problema, hay que darle la prioridad que tiene en las políticas públicas… este año va a ser turbulento. Lo mejor es estar preparados. El Gobierno y los bancos deben llegan a un acuerdo para salir de este problema”, comenta Rodríguez.