Definir el costo de la vida, idealmente, debería contemplar múltiples aristas para describir con precisión lo que intenta. Sin embargo, en El Salvador, una de las maneras más generales para hacerlo es la de multiplicar por 2 el valor de la Canasta Básica, ese indicador que en nuestro país está conformado por 11 grupos de alimentos.
Sea cual sea la herramienta para medirlo, lo cierto es que ha aumentado con mayor velocidad en los últimos cinco años. El promedio del costo de la vida en 2024 es de $512.24.
Si se toman en cuenta los datos de los últimos tres lustros (equivalente cada uno a un periodo presidencial distinto), es posible observar que, entre 2009 y 2024, el costo de la vida aumentó en un 52 %, es decir, $176.
Pero más de la mitad de ese crecimiento corresponde a los últimos cinco años. Para 2019, el costo de la vida se calculaba en $400, un 19 % más que en 2009. Todo lo demás le corresponde a esta gestión presidencial: más de seis de cada 10 dólares de aumento se han registrado en la administración de Nayib Bukele.
Es posible identificar un patrón interesante: en el gobierno de Mauricio Funes, hubo un año con un fuerte aumento (el 2011) de 8.75 %. Lo mismo ocurrió en el periodo de su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, pues en 2015, su segundo año, el alza fue de 8.74 %. Pero, en estos dos casos, el año complicado fue seguido por dos con disminuciones (ver gráfico).
Eso no ha ocurrido en este periodo, pues al récord de 2022 lo siguió el segundo mayor aumento del periodo estudiado: en 2023 el alza fue de 9.23 %. La tendencia parece haberse reducido en 2024 (al menos hasta marzo).
El crecimiento del costo de la vida ha sido tan acelerado que las personas en situación de pobreza en el país han pasado de 1.76 millones en 2021 a 1.92 millones en 2023, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC). Se trata, por tanto, de un importante aumento de 164,869 salvadoreños.
Otras maneras de medir
El no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor ya ha hecho una propuesta para mejorar la medición para el costo de la vida.
“Debemos pensar que para llevar una vida digna, no es solo necesario que una persona tenga garantizado su derecho a la alimentación. La base debería contener todos esos elementos que un salvadoreño usa en su día a día”, comentó Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC.
En su propia metodología para calcular el costo de la vida, la institución ha incluido a la canasta básica 9 alimentos extra, como la crema y el queso duro; así como 12 artículos de uso diario, entre los que se cuentan la pasta dental, el papel higiénico y los detergentes para lavar. La entidad hizo un apartado, también, para el vestuario y para el gasto de alquiler.
El Centro para la Defensa del Consumidor reveló que esta cifra, para octubre de 2023 (fecha tomada para hacer el estudio) se colocaba en $920.
Propuestas para disminuir el impacto
Desde organizaciones de la sociedad civil, como la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), se ha planteado que una de las principales fórmulas para bajar el costo de la vida en El Salvador es el de apoyar a la producción de alimentos dentro de nuestras fronteras, con mayores incentivos económicos para que más y más se animen a trabajar la tierra.
Por otro lado, han pedido medidas para desincentivar la importación de comida, pues transforma al país en uno dependiente de las economías vecinas.
“A la inflación que tienen en sus países de origen se le une nuestra inflación. Por eso, los alimentos son tan caros en El Salvador”, ha comentado Luis Treminio, presidente de CAMPO.
Sin embargo, desde el Estado se ha tomado la vía contraria, al optar por la eliminación de los aranceles a la importación que, como ya ha probado El Diario de Hoy, no se han trasladado al precio final pagado por los consumidores.
Por otro lado, el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) presentó esta semana algunas propuestas. Una de las más inmediatas es la de evitar que se suban las tasas municipales en las nuevas alcaldías, sobre todo en aquellos distritos más pequeños, que ahora forman parte de un nuevo gobierno junto a sus vecinos más grandes.
Otra, instar a la estatal Defensoría del Consumidor a “cumplir con su papel” de proteger a la ciudadanía ante cobros indebidos en el servicio de agua potable, y que se compense a los que ya fueron víctimas.
Y otra, aunque esta es más complicada y requiere mucho más estudio, plantea que se elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la factura eléctrica.