La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por los impactos negativos que pueda propiciar la reforma constitucional en el respeto a los derechos humanos en El Salvador.
En el comunicado “El Salvador: Constitución “a la carta” podría profundizar la crisis de derechos humanos en los próximos años”, difundido el pasado 3 de mayo luego que la legislatura 2021-2024 cerrara sus funciones con el acuerdo de reforma al artículo 248 de la Carta Magna, la organización internacional manifestó su preocupación de que esta modificación genere retrocesos en materia de derechos.
“La reforma constitucional aprobada en la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente, suscita preocupación por el impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La modificación promovida por Nuevas Ideas al inciso segundo del artículo 248 es para permitir que una misma legislatura pueda ratificar las reformas a la Constitución con el voto de tres cuartas partes de los diputados electos. El acuerdo aprobado el 29 de abril de 2024 estaría pendiente de ratificarse por la nueva Asamblea para ser efectivo.
“Este nuevo método de reforma constitucional, que se pretende aplicar, tiende a reducir drásticamente el espacio para el debate, la reflexión y a limitar la participación de las personas en los asuntos de interés público”, añadió Piquer.
Cabe destacar que el partido oficialista cuenta con una super mayoría en la legislatura que acaba de iniciar (54 de 60 escaños), por lo que tendría la facultad de acordar y ratificar cualquier reforma a la Constitución.
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“Frente a esta situación, surge la preocupación legítima de que esta reforma constitucional pueda abrir la puerta a futuras modificaciones normativas en la Carta Magna que tiendan al menoscabo de los derechos humanos en la legislación nacional”, añadió la directora.
Actualmente, el artículo 248 establece que los cambios a la Carta Magna pueden acordarse con la mitad más uno de los votos de diputados electos en una legislatura y deben ratificarse con votos de las dos terceras partes de diputados electos de la legislatura siguiente.
A esto se añade jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con las sentencias 7-2012 y 33-2015, en las que estableció que antes de una reforma constitucional debe mediar una elección, a fin de que se cumpla la etapa de información a la ciudadanía y esta tenga la oportunidad de participar por medio de su voto hacia los diputados que ofertan una reforma constitucional.
Este plazo no se cumplió con la aprobación del acuerdo de reforma del 29 de abril, el cual se introdujo a la sesión plenaria por medio de dispensa de trámites.
Amnistía Internacional recuerda que durante los últimos tres años, la mayoría del oficialismo en la Asamblea Legislativa “ha sido una pieza clave que posibilitó, entre otras cosas, la erosión de la independencia judicial, el debilitamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas, violar sistemáticamente las garantías del debido proceso y suspender por 26 meses consecutivos derechos que, de acuerdo con los estándares internacionales, deben garantizarse bajo cualquier circunstancia”.
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Y es que los primeros decretos emitidos por la legislatura anterior fueron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal general y el nombramiento de personas cercanas al oficialismo en sus cargos.
Además, aprobó disposiciones a la Ley de la Carrera Judicial que obligó al retiro de cientos de jueces, así como fiscales, entre otras normativas en materia penal en el marco del régimen de excepción.