El Tribunal Municipal de Camagüey sentenció con penas de hasta 15 años de cárcel por delitos como sedición (alzamiento contra las autoridades) y “propaganda enemiga” a 13 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de la localidad de Nuevitas (este de Cuba) en agosto de 2022.
De acuerdo con un listado proporcionado por la oenegé Justicia 11J, solo una persona -una mujer acusada de sedición- fue absuelta por falta de pruebas, mientras que el resto obtuvo sanciones de entre cuatro y 15 años de prisión.
Además de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado, el Tribunal consideró probados los delitos de sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia.
La sentencia cumple así con buena parte de la petición realizada originalmente por la Fiscalía del régimen, a la que obtuvo acceso EFE. La sentencia no es firme y podrá ser apelada.
El juicio se celebró en enero y al interior de la sala solo pudieron acceder dos familiares por detenido, según contaron a EFE testigos presenciales.
En los alrededores del tribunal se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que cerró varias calles aledañas.
Nuevitas, una ciudad costera de unos 60.000 habitantes fue escenario en agosto de 2022 de algunas de las mayores protestas antigubernamentales de Cuba desde el 11 de julio de 2021 (11J). Decenas marcharon pacíficamente al grito de "libertad" y "el pueblo unido jamás será vencido".
ONG y activistas han denunciado en términos generales en estos juicios que, además de graves irregularidades en el debido proceso, estas sentencias tienen un carácter ejemplarizante y disuasorio.
De acuerdo con el informe mensual del pasado marzo de la organización Prisoners Defenders -con sede en Madrid-, en Cuba hay 1.092 personas encarceladas por razones políticas.
El sitio cubano de noticias 14ymedio.com ha detallado que la pena más severa, 15 años, le fue impuesta a Mayelin Rodríguez Prado, una joven que tenía 21 años cuando transmitió a través de su cuenta de Facebook las protestas.
Mientras que Fray Pascual Claro Valladares, otro de los sentenciados, habría intentado quitarse la vida en la cárcel donde permanece detenido al conocer que el sistema judicial de la dictadura lo condenó a una década en prisión.
Con información de EFE y 14ymedio.com