La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pidió recientemente la liberación de un joven, hijo de un líder de pueblos indígenas y ambientalista, detenido desde noviembre de 2022 en el contexto de un régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir a las pandillas.
A través de su cuenta "X", Fespad detalló este día que: "El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado ha confirmado hoy que Levi Morales (hijo del líder indígena, Silverio Morales), debe ser puesto en libertad inmediata, al no presentarse ningún medio de impugnación en el caso. La decisión es firme desde el 26 de abril.
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Anteriormente, Fespad explicó en un comunicado, que el 12 de abril pasado un tribunal del municipio de Santa Ana (noreste) otorgó, por segunda ocasión, medidas sustitutivas a la detención provisional para Levi César Morales, acusado del delito de asociaciones ilícitas, por lo que debería estar ya en libertad.
Morales fue detenido, de acuerdo con la información de Fespad, en noviembre de 2022 "cuando realizaba labores agrícolas en su comunidad".
La organización señaló que es la segunda ocasión que le otorgan medidas sustitutivas a la detención al joven, ya que "en la primera ocasión su liberación no se hizo efectiva, al contrario, fue recapturado cuando se disponía a ser puesto en libertad".
Indicó que "el juzgado informó de que este día enviaría el oficio" a la Dirección de Centros Penales, "razón por la que Levi debería ser puesto en libertad de manera inmediata".
El joven es hijo de Silverio Morales, ambientalista y líder de pueblos indígenas, y junto a su padre "se dedicaba al cultivo de la tierra", añadió.
Fespad exhortó a la Policía Nacional y a Centros Penales a cumplir con la orden judicial y a poner en libertad a Morales "sin que exista amenaza de una recaptura y criminalización".
De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional (AI), divulgado recientemente, el régimen de excepción, aprobado por el Congreso salvadoreño para combatir a las pandillas desde marzo de 2022, es utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, principalmente a ambientalistas, y justificar sus detenciones arbitrarias.
En el marco de esta medida, las autoridades reportan más de 79,200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y más de 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.