El Estado salvadoreño aseguró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las estrategias de seguridad pública, en el marco del régimen de excepción, han sido implementadas de una manera técnica y con una mínima afectación a los derechos de la población.
“Pese a lo anterior, la CIDH señala que ha conocido múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de los operativos de seguridad ciudadana y en la administración de la justicia a personas presuntamente vinculadas a las pandillas”, indica el órgano interamericano en su informe anual de 2023.
Ante esa situación, la corte expresó de manera reiterada su preocupación respecto de las sucesivas extensiones de la suspensión de derechos y garantías en el marco del régimen de excepción desde marzo de 2022, tras una matanza de más de 80 personas, luego que presuntamente las pandillas rompieran un pacto con el actual gobierno.
El informe indica que los datos a los que han tenido acceso demuestran que durante el régimen de excepción se estarían cometiendo detenciones arbitrarias y restricciones a la protección judicial, al debido proceso legal y a las garantías judiciales
“Al respecto, la CIDH llamó al Estado a finalizar la suspensión de garantías decretada desde el 27 de marzo de 2022 y a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, detalla él documento.
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Privados de libertad
Ante una solicitud de información de la CIDH, el Estado salvadoreño reportó que desde que inició el régimen de excepción hasta el 27 de junio de 2023, se realizaron 65,940 detenciones, de las cuales hasta esa fecha habían sido liberadas 6,296.
Del total de las personas que quedaron libres hasta junio del año pasado, 5, 308 fueron por orden judicial a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y 988 por una autoridad administrativa.
“Adicionalmente, la CIDH continuó recibiendo información sobre las deplorables condiciones de detención que enfrentarían las personas encarceladas, las cuales representan serios riesgos para su vida e integridad”, agrega el informe.
La CIDH asegura que en 2023 recibieron información que las personas encarceladas estarían enfrentando “altas tasas de hacinamiento, como consecuencia de las detenciones masivas realizadas; malos tratos; la aplicación de medidas de aislamiento e incomunicación en desacuerdo con los estándares de derechos humanos; negligente atención médica; y alimentación insuficiente”.
Decenas de personas liberadas han testificado ante los medios de comunicación sobre las difíciles condiciones a las que han sobrevivido dentro de las prisiones salvadoreñas.
Benjamin Amaya, un líder campesino que fue liberado después de pasar encarcelado durante 10 meses en tres penales distintos, relató las condiciones inhumanas que se enfrentan dentro de la prisión debido al hacinamiento.
“Las condiciones que uno tiene allí es como estar en una guerra, en una guerra a cada rato está viendo que están cayendo compañeros”, dijo a este medio tras su liberación.
“Las enfermedades son una bomba de tiempo debido al hacinamiento”, agregó. Amaya explicó que la raqueta y la liguilla u hongo de agua son las enfermedades más comunes dentro del sistema penitenciario.
La primera es una especie de alergia que produce ciertas descamaciones en la piel. La segunda es más grave porque son protuberancias dentro de la piel que se infectan de pus, que cuando el afectado se agrava presenta fiebre e incluso puede causar la muerte.
Otro de los padecimientos que afecta de forma masiva a la población carcelaria son los relacionados a problemas renales, pues según él hay una gran cantidad de reos afectados con esa enfermedad.
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Muertes
Por otra parte, la CIDH fue informada de la muerte de alrededor de 200 personas privadas de libertad durante el régimen de excepción, desde el 27 de marzo de 2022 hasta fines de octubre de 2023.
“Diferentes organizaciones de la sociedad civil criticaron las restricciones para acceder a este tipo de información y, a partir de datos consolidados de diversas fuentes, indicaron que existirían cifras mayores”, destaca el informe.
La comisión asegura que en junio de 2023 tuvo conocimiento de la declaración del fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, relacionada con el archivo de la investigación de los 142 casos de muerte de personas privadas de libertad detenidas durante el régimen de excepción.
“Hemos comprobado científicamente las causas de la muerte y algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes. Hasta este momento, hemos encontrado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía y los casos se encuentran archivados”, aseguró Delgado.
Asimismo, la Fiscalía salvadoreña ha sostenido ante la CIDH que en “este tipo de muerte, la institución se apoya en métodos de carácter científico, avalada por el Instituto de Medicina Legal”.
Por otra parte, en julio de 2023, el Estado afirmó ante la CIDH en una audiencia pública que la Fiscalía no había recibido denuncias sobre torturas o tratos humanos degradantes en el marco del régimen de excepción.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en las prácticas de tortura y malos tratos dentro de los centros penales.
Asimismo organismos internacionales como Human Right Watch, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han señalado en sus informes los indicios de esas prácticas en las cárceles salvadoreñas.
“Cristosal informó que su cuerpo presentaba signos de tortura, incluyendo importantes hematomas en la espalda y el estómago, así como signos de desnutrición y hemorragia gastrointestinal”, indicó el informe del gobierno estadounidense.
En enero de este año, representantes del Socorro Jurídico Humanitario en representación de la familia de José Leonidas Bonilla presentaron ante la Fiscalía un aviso de posibles actos de torturas.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó que solicitaron a la Fiscalía que investigara la muerte del sindicalista, registrada el 3 de septiembre de 2023, después de ser capturado durante el régimen de excepción.
“Nosotros tenemos la autopsia, la información de que él fue torturado y hay señales claras que esto es cierto (...) y queremos que con el aviso que venimos a poner, la Fiscalía investigue este caso ” expresó Escobar.
La CIDH también evidencia la estigmatización de los defensores de derechos humanos en El Salvador que tiene como efecto desprestigiar la labor que realizan.
El documento señala que las organizaciones sociales informaron a la Comisión que la labor de defensa de derechos humanos ha sido objeto de ataques y descrédito por parte de autoridades del gobierno, desde el más alto nivel.
«Lo más común ha sido homologar la defensa de derechos humanos a la defensa de “pandilleros”», denunciaron las organizaciones.
