Un grupo de 10 familiares de personas capturadas en el contexto del régimen de excepción con el apoyo del movimiento Justicia Social y Controlaría Ciudadana presentó este jueves a la Fiscalía General peticiones para que sus casos sean revisados.
Los afectados denunciaron que los abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) no les han querido recibir los arraigos que demuestran que sus familiares no están involucrados con grupos criminales, por ello, solicitan el apoyo de la Fiscalía.
“Hemos visto que la Procuraduría no está ejerciendo el derecho de defensa con las personas víctimas colaterales del régimen” declaró Roxana Cardona, representante del movimiento.
La abogada señaló que cada una de las familias tienen los arraigos suficientes para demostrar que los detenidos no tenían vínculos con las pandillas, pero los abogados defensores no les han recibido los documentos.
“En base a la ausencia de la defensa de la Procuraduría General de la República (...) hemos venido a presentarnos con algunas familias para presentar los antecedentes penales a la Fiscalía” declaró Cardona.
Según la abogada, con ello las familias estarían adoptando su propia defensa basándose en el artículo 81 del Código Procesal Penal.
Ese artículo establece que “el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente y por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias”.