María Antonia Martínez, quien vive en Ciudad Futura, de Cuscatancingo, lamenta que su nieto José Alexander Martínez haya sido capturado hace dos años por el régimen de excepción y hace un par de meses fuese trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) después de haber estado de alta en una unidad especializada de la Fuerza Armada.
Dos de los nietos de María quedaron bajo su cuidado. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, ambos decidieron ingresar a la Fuerza Armada. El menor, Joseman Martínez, hizo solo un año, mientras que José Alexander estuvo de alta poco más de ocho años.
José ingresó a la Fuerza Armada en 2009 y cumplió dos años en el Destacamento Militar No 5, con sede en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Posterior a eso completo más de 5 años como parte del Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada (CATFA), en el cuartel San Carlos, en San Salvador.
“Yo los he criado como a mis hijos desde que su madre los abandonó cuando tenían cinco años; son jóvenes que nunca se han metido en nada malo y siempre han sido respetuosos. El único delito que han cometido es vivir en una zona peligrosa y aun así han salido adelante y son hombres de bien”, asegura María.
En 2008 María y su familia sufrieron, como tantos salvadoreños, la violencia que ejercían las pandillas. Primero, una de sus nietas, Karen Alejandra Gavidia Martínez, de 14 años, fue raptada tras ser bajada de un microbús el 6 septiembre de 2008 en Villa Mariona, una colonia vecina de Ciudad Futura. Al mes, el 3 de octubre, fue encontrada asesinada en el cantón Los Barahona en Apopa. Ahí empezó su calvario, como ella lo describe.
Al siguiente año, en 2009, una de sus hijas también fue asesinada en un hecho violento. Nuevamente el luto había llegado a su hogar. Élida Alejandra Martínez de Salazar, de 32 años, murió el 8 de octubre de 2009 en un tiroteo en un punto de autobuses, en la colonia Santa Marta, del barrio San Jacinto.
“Mis nietos han sobrevivido a las pandillas, yo los supe criar para que no fueran malos”, añade María.
Tras estos hechos, José junto a su hermano decidieron ingresar a la Fuerza Armada. “Mis nietos decidieron entrar al cuartel para protegerse de las pandillas. José fue muy aplicado, destacaba en su clase y aunque se metió muy joven, nunca tuvo problemas. A diferencia de Joseman, él estuvo desde el 2009 hasta el 2018, cuando solicitó la baja, pues se decidió a formar su propia familia” asegura la abuela.
“Después que salió de la Fuerza Armada trabajó con una empresa de limpieza que le brindaba servicios a la PNC y cuando se acabó el contrato se quedó esperando que le volvieran a llamar, pero al parecer ya no renovaron el proyecto, pero como era buen jugador de fútbol le hablaban para que fuera a jugar con ellos (los policías) en un equipo que tenían” comenta.
Tras quedar desempleado José empezó a trabajar como conductor de Uber con un carro alquilado hasta que logró comprar su propio auto con lo cual mejoró sus ingresos. Hasta que el 15 de abril de 2022 fue capturado bajo el régimen de excepción, sin mediar palabras y sin considerar su paso por la Fuerza Armada, como les explicó a sus captores.
De acuerdo con María, hacía sólo un par de meses que José había adquirido una casa mediante un crédito hipotecario, donde se había ido a vivir con su pareja y un sobrino al que estaba cuidando, ya que la mamá del menor tuvo que migrar hacia Estados Unidos buscando mejores oportunidades económicas.
José acostumbraba que a las 6:00 am salía a lavar su carro al parqueo de la colonia para mantenerlo limpio y así brindar un buen servicio. Precisamente eso estaba haciendo el 15 de abril de 2022, cuando varios militares y policías que andaban patrullando la zona se lo llevaron con el argumento de que “le querían hacer unas preguntas”. José se identificó y les manifestó que había prestado servicio militar y que no hacía mucho que había salido de baja.
Pero de nada le sirvieron esos alegatos, pues ese día fue capturado y presentado como un pandillero de la colonia con el alias de “soldado”, según comenta María.
Un estigma por vivir en una zona de pandillas
María llegó a vivir a la colonia Ciudad Futura, Cuscatancingo, hace 26 años cuando tuvo una oportunidad de adquirir una vivienda digna para su familia con una cuota accesible. “En aquel entonces yo pude sacar mi casa y poder darles donde vivir a mis hijos; jamás pensé que vivir aquí me traería tanto dolor”.
Para María, vivir en una colonia donde se ha ensañado la violencia por parte de las pandillas fue un suplicio. A ese sufrimiento hoy se le agrega, dice, la captura injustificada de su nieto.
La mujer, de 73 años, asegura que José fue capturado solo vivir en una colonia con marcada presencia de pandillas, aunque jamás haya cometido algún delito. “Cuando venimos era tranquilo, nunca pensamos que llegaría a ser un lugar peligroso. Ahora eso es motivo de persecución para quienes vivimos en lugares que han sido controlados por pandillas”.
Enviado al CECOT
Cuando fue capturado, José fue enviado al Centro Penal la Esperanza, conocido como Mariona; ocho meses después fue trasladado al Penal de Izalco, donde estuvo varios meses.
Sin embargo, María afirma que su nieto fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde ya tiene aproximadamente cuatro meses de estar recluido.
“El mundo se me ha venido encima. Solo pido que mi nieto pueda salir. Él ha servido a su Patria y tenemos esperanza de que se den cuenta de que su captura es injusta y después de esto pueda servir al país si es necesario”, concluye.
Faltan miles de capturas aún
En enero de este año, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que aún faltan entre 18,000 y 20,000 pandilleros pendientes de capturar, a pesar de que el régimen de excepción ha estado vigente durante casi dos años.
El mismo gobierno salvadoreño reconoce que existen capturas de inocentes bajo un “margen de error”.
El vicepresidente Félix Ulloa ha declarado que, de los más de 76,000 capturados, entre 7,000 y 6,000 en realidad no tenían relación con grupos criminales, por lo que fueron liberados después de pasar meses en prisión, sin embargo, organizaciones de derechos humanos alegan que la cifra puede llegar hasta 20,0000 las capturas injustificadas.