Por A más de dos años de régimen de excepción, el Socorro Jurídico Humanitario ha reunido información de las víctimas causadas durante este tiempo. La organización investiga, analiza y expone públicamente los hallazgos de aterradoras violaciones a los derechos humanos, muertes de víctimas inocentes, de hombres, mujeres y niños a manos del Estado, capturas arbitrarias, amenazas verbales de agentes del gobierno a la integridad personal, física y moral de familiares de las víctimas, el robo de bienes materiales producidos con esfuerzo de arduo trabajo.
Monitoreamos los operativos militares y policiales en el país, las detenciones arbitrarias que realizan, la implantación de delitos a las víctimas elegidas al azar, atropellos a las moradas humildes de la población, vejámenes a la integridad física, moral y psicológica a niñas y mujeres, extorsiones sexuales de policías y soldados a mujeres jóvenes al usar la amenaza de que son pandilleros, y si no acceden al acto sexual inmediato y continuado si la víctima no los denuncia, amenazas de muerte si se resisten alegando su inocencia y los tratos crueles e inhumanos a mujeres y hombres al momento de la captura y ya estando en las cárceles, tenebrosas estructuras de la muerte disponen de la vida de inocentes criaturas bajo la aquiescencia del Estado.
Un agravante que se suma y que la observamos con profunda preocupación las creadas bandas de extorsionistas tanto dentro y fuera de los centros penales más destacados como Mariona, Izalco, Apanteos, El Penalito y otros, que se dedican a ofertar beneficios a cambio de la liberta de un familiar, y para liberarlos les ofrecen borrar el récord delictivo en los expedientes mediante el pago anticipado de 20,000 dólares, y 1,500 por permitir a un familiar ver a su hijo, hija, esposo, esposa, hermano 10 minutos en algún lugar del interior de los reclusorios, lo anterior se desprende de testimonios familias de la víctimas y de prisioneros que han quedado en libertad al no hallar justificación para que sigan detenidos.
En los dos años de estado de excepción el gobierno ha informado que ha capturado a 79,184 personas en redadas masivas. Se estima que el 40%, es decir, 31673.6 son personas inocentes a las que sus captores les han plantado pruebas artificiales elaboradas del catálogo de delitos que les atribuyen a las pandillas en general, y 47,510.4, es decir, el 60% son de las estructuras de pandilleros, datos que se desprenden de distintas fuentes de información tanto oficiales, redes sociales y fuentes directas como los familiares de los detenidos del año 2023.
Se presume, según distintas vocerías relacionadas, que las muertes en custodia del Estado oscilan entre 500 y 550 víctimas. De esta cantidad se han podido comprobar 241 asesinados y, a juzgar por los actos de autoridad, el resto se encuentra en fosas clandestinas en los perímetros internos de los reclusorios y otros en fosas comunes en cementerios generales del país, según las fuentes. Mientras las familias de muchos de estos continúan desinformadas sobre el paradero de los suyos y siguen entregando el paquete de alimentos valorados en entre $40 y 75 dólares dependiendo donde los adquiera, el paquete de higiene personal, ropa y sandalias por el valor de $40 dólares. Se cuenta con información de que al ser recibido los insumos de las víctimas pasan a una bodega y allí trasiegan, es decir, un paquete de alimentos lo dividen en dos, una de ellos es entregado al detenido si es que esta con vida, y el otro va a la tienda del centro penal para ser vendida al resto internos.
El Socorro Jurídico Humanitario da seguimiento y vigila la política beligerante contra la población que lleva sin tregua el gobierno excepcional de presidente Bukele, el proceder de sus agentes auxiliares contra la población honrada, las actuaciones de la Fiscalía General de República, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del Instituto de medicina legal si es que se le puede llamar así, y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, observando las actuaciones de cada institución, lo que se determina que todas marchan al unísono del régimen represor de quien no lo merece, y con la delirante idea que el estado de excepción es la medida adecuada para salvar el país de la delincuencia organizada, y sacar de la pobreza en que estamos como país y nación. Si no atienden prioridad a las demandas de justicia de los capturados arbitrariamente están afirmando una complacencia expedita con el régimen de gobierno que tiene en las cárceles a 31,673 inocentes, y 47,510 pandilleros, 241 asesinados, en entre ellos dos niños recién nacidos en custodia del Estado.
Director de Asuntos Legales
Socorro Jurídico Humanitario