La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador, que alimentan los trabajadores, se elevó en cerca de 300 millones de dólares (más de 279.7 millones de euros) en los primeros dos meses del 2024, de acuerdo con datos oficiales consultados este jueves por EFE.
Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el total de la deuda llegó a 9.794,31 millones de dólares hasta febrero pasado, 299,74 millones más que los 9,494.57 millones de diciembre de 2023.
Solo los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), de reciente creación, llegaron a 1.397.50 millones de dólares.
Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente, para pagar a los jubilados del sistema público abandonado en la década de los años noventa.
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Estos se suma a la deuda de 8.396,81 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros instrumentos para extender su plazo y, según informó la agencia de calificación Standard & Poor's en mayo de 2023, por los que no se pagará intereses ni capital durante 4 años.
Además, el banco de inversión Barclays señaló en su último informe sobre El Salvador, a inicios de marzo, que el gobierno se estaba financiando con el fondo de pensiones.
Barclays -compañía de servicios financieros con sede en Londres- publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de "que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales".
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones.
En esas fechas el Congreso también aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que indica que la deuda generada con los COP es responsabilidad del autónomo Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Dicha ley obliga a las AFP a "adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión.
Patricio Pineda, representante y fundador de la Mesa de trabajo por una Pensión Digna, ha expresado anteriormente que el aumento de la deuda previsional refleja la “insostenibilidad del sistema provocado por esa insistente metedera de mano que tienen los políticos que han visto en el sistema su caja chica”.