Diputados del oficialismo aprobaron el martes la vigésimo quinta prórroga al régimen de excepción, medida que suspende de garantías constitucionales referidas al derecho de defensa técnica, la detención administrativa hasta por 15 días y la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia.
Con 67 votos la medida fue avalada por 30 días más, entra en vigor el 11 de abril y estará vigente hasta el 10 de mayo.
El diputado Ernesto Castro dijo que esta será la último extención que será aprobada por la actual Asamblea, en referencia a que la nueva legislatura tomará posesión el 1 de mayo.
Al respecto, el diputado Francisco Lira, de ARENA, comentó que después de dos años, “ha llegado el momento de buscar la forma de regresar al debido proceso, sin perder los resultados obtenidos. No podemos permitir que los sacrificios de miles de inocentes se pierdan”.
La bancada de ARENA apoyó con sus votos la primera vez que se aprobó el régimen, no así con las siguientes prórrogas del mismo.
“El país puede llegar a niveles de estabilidad plena en materia de seguridad pública siempre que se restituyan los derechos de las personas. El país necesita avanzar y progresar económicamente, pero para que esto suceda debemos restituir la seguridad jurídica, condición indispensable para que la inversión se pueda expandir en la economía”,
Francisco Lira, diputado de ARENA
No descartó que presenten una propuesta que se pueda discutir con el oficialismo en este tema.
El pasado 27 de marzo se cumplieron dos años desde la primera vez que se aprobó el régimen de excepción en respuesta a un incremento de homicidios atribuidos a las pandillas, y que se ha mantenido como una estrategia del gobierno de combate a dichas estructuras criminales.
No obstante, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado de diversa vulneraciones a derechos de personas que no tienen relación con pandillas, así como torturas y muertes dentro del sistema carcelario.
En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe elaborado a partir de 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones a derechos, recibidas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de 2024.
Destacan dentro de los hechos más denunciados las detenciones arbitrarias o ilegales, que van 5,931 casos y representan el 94% de las denuncias; luego las violaciones al debido proceso, con 5,470 casos; allanamiento de morada, con 1,779 casos, pese a que la inviolabilidad de la morada no está suspendida por el decreto del régimen de excepción.
Otras denuncias tienen que ver con tratos crueles, inhumanos o degradantes y hostigamiento. Además de desapariciones forzadas, confinamiento, violaciones sexuales.
El informe sistematiza casos atendidos por las organizaciones Amate, Azul Originario, Cristosal, Fespad, el Idhcua, la Red Salvadoreña de Defensoras y el Servicio Social Pasionista.
Por su parte, Socorro Jurídico Humanitario comentó que ha brindado 7,000 asesorías legales a familiares de personas capturadas por supuestos abusos de autoridad.
También en el marco de los dos años de vigencia del régimen de excepción, la organización Amnistía Internacional advirtió el riesgo de perpetuación de una política de torturas en los centros penitenciarios, ya que hasta febrero de 2024 se tenían denuncias de 224 casos de personas muertas bajo custodia del Estado, 375 denuncias de torturas.
“Lamentablemente, la tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis que se ha observado durante los últimos años”, dice Amnistía Internacional.
Agrega que de no corregir dicha situación, “la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse”, y provocar un aumento de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad.