El 24 de abril a las 10: 50 de la noche María ya se encontraba acostada junto a su esposo y su hija de cinco años, cuando varios agentes, cubiertos con gorros navarone, llegaron a su vivienda.
Cuando los agentes ingresaron a la casa, luego de identificarla le pidieron que se cambiara de ropa, consta en una denuncia de captura arbitraria presentada por la familia ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
El esposo de María H. cuestionó a los policías sobre qué pasaba y uno de ellos dijo que habían recibido una llamada anónima, por lo que tenían que aplicar el Decreto 333 establecido por el gobierno, pero no le mostró ninguna orden de captura, ni de allanamiento.
“Nos vas acompañar”, le dijo uno de los agentes a María, cuando ella salió de cambiarse su ropa de dormir. “Por qué los voy a acompañar”, les increpó ella.
En ese momento otro de los policías se molestó y le dijo que no había tiempo para dar explicaciones. El marido le recomendó a María que mantuviera la calma, la abrazó y después de eso no la volvió a saber de ella durante 14 meses.
A la media noche, María junto a otras personas fueron llevadas a las bartolinas de Usulután.
Y un día después ya estaba en el penal de mujeres, localizado entonces en Ilopango. Aunque su familia le llevó ropa y toallas sanitarias a las bartolinas, porque se aproximaba su periodo menstrual, ella nunca las recibió.
María fue acusada por el delito de agrupaciones ilícitas, al igual que las otras personas detenidas en ese mismo operativo. En julio de 2022, María fue enviada al penal de Apanteos, durante un traslado masivo, debido a que ese recinto carcelario pasó a ser solo para mujeres.
La mujer de 27 años, previo a su detención, laboraba en el Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad El Presidio, cuyo financiamiento es realizado con fondos gubernamentales.
“Nos pareció una injusticia y duele más hasta el punto que no se puede hacer nada. Yo no estoy en contra que se combata la violencia, es más aplaudo eso, pero estoy en contra de los procesos arbitrarios”, manifiesta el esposo de María, sobre su captura.
La familia presentó los arraigos para demostrar la inocencia de María, entre ellos cartas de los líderes de las comunidades del Bajo Lempa, constancia de salario, declaraciones del impuesto de la renta, escrituras de propiedad, declaraciones juradas de cinco testigos y un álbum de fotografías que demuestran su quehacer religioso, comunitario y laboral.
El 6 de julio de 2023, la familia de María recibió la llamada más esperada. Fue liberada bajo medidas alternas a la prisión, por petición de la Fiscalía.
“Salí a las siete y media de la noche para Santa Ana, he llegado a las 11 y media con toda mi familia”, recuerda su pareja.
Pero el regreso no ha sido fácil. Los primeros días su hija había desaprendido a decirle mamá y la llamaba por su nombre y sigue sin poder recuperar su trabajo.
“Cómo pueden dormir tranquilos, sabiendo el daño que están generando psicológicamente. La gente que no debe nada está pagando un precio caro”, se lamenta el esposo de María.
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