Dos meses después de las cuestionadas elecciones presidenciales en las cuales el actual mandatario Nayib Bukele, concretó su reelección a un segundo periodo inmediato, proceso que se vivió en medio de múltiples irregularidades documentadas por organismos nacionales e internacionales, fueron expuestas a través de un análisis por la jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, ante el Parlamento Europeo.
Tras los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), observadores internacionales, reportes elaborados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Cristosal, López brindó un resumen desde su experiencia sobre el tema destacando “la información que presento muestra cómo vemos un retroceso del proceso político en El Salvador”, señalando las condiciones electorales irregulares que dieron paso a los resultados ya conocidos.
“El período 2019-2024 estuvo marcado por el deterioro del Estado de derecho. El Salvador se caracterizó por dar marcha atrás a un Estado de derecho que se había basado en los acuerdos de paz, hubo un acuerdo institucional entre 2021 que ayudó al gobierno a consolidar su poder” argumentando que “hay un sistema de rendición de cuentas inexistente, una falta de supervisión por parte del tribunal constitucional, estos poderes fueron neutralizados por el Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa”, agregó.
Previamente la experta había señalado que la reforma al Código Electoral que redujo de 84 a 60 los diputados de la Asamblea Legislativa y la Ley Especial de Reestructuración Municipal que redujo a 44 los municipios del país, las cuales se aplicarán para las elecciones legislativas y municipales de 2024, buscan la concentración del poder.
Uno de los mecanismos usados para llegar a la reelección fue la penalización a las autoridades por oposición a la inscripción de candidaturas. “Fue un mensaje muy claro el que se envió para permitir descaradamente a los candidatos registrarse, aunque estaba materialmente prohibido, como reconoció el Ministerio de Defensa”, dijo la experta en el Parlamento.
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La Constitución se refiere a las prohibiciones establecidas en los artículos 75, 87, 88, 152, 152 y 154 en los que claramente señala que no se puede dar la reelección inmediata.
Diversos informes han expresado que las irregularidades para obtener un segundo mandato por parte del candidato oficialista se presentaron antes y durante la jornada electoral así como en el proceso de escrutinio, destacando la falta de transparencia, incumplimiento de la normativa electoral, falta de decisiones legales y oportunas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como la suplantaciones del personal capacitado en las Juntas Receptoras de Votos.
Estas circunstancias bajo las cuales se celebraron las elecciones para un estimado de 6.2 millones de votantes a pesar de contar con un presupuesto más alto el TSE “la autoridad electoral no pudo o no quiso llevar a cabo su función de supervisión. Cinco días antes de las elecciones se anunciaron 15 procedimientos de sanciones por propaganda ilegal, además, no pudo realizar un seguimiento externo de la votación en el exterior. La ley lo obligaba a subcontratar una empresa para elaborar un software de votación, pero a pesar de ello, el Tribunal Supremo Electoral no ejerció sus funciones administrativas”, puntualizó la directora ejecutiva de Cristosal.
Cristosal sostiene que existió una campaña ilegal permanente por parte del ejecutivo, así como nula transparencia ni control financiero de los partidos y candidaturas.
“Los salvadoreños en estos momentos no tenemos garantizado el derecho de acceso a la información pública bajo un control total de la comunicación gubernamental. Además, la impunidad ante la corrupción porque no hay ninguna institución de control que pueda ser activada y que pueda responder a esa activación”, sumado a “la posible reforma constitucional que podría transformar por completo el sistema político salvadoreño que tenía su base en los acuerdos de paz de 1992”, dijo.
Cristosal concluyó ante la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica que “hay una distorsión del sistema político agregando mayor concentración de poder como en el pasado, en la época de las dictaduras, finalmente estas elecciones plantean serías interrogantes sobre la calidad y legitimidad del régimen político de El Salvador. Popularidad no es igual a legitimidad, este escenario no es muy diferente de otras autocracias y del nacimiento de otras autocracias de nuestra América Latina, los pasos subsiguientes ya los conocemos por oradores anteriores lamentablemente en esta misma comisión”.
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Mantenimiento del poder y la popularidad
Tatiana Marroquín, economista e investigadora participó vía remota exponiendo como en los últimos años a pesar de las mejoras sustanciales en la cantidad de recursos con las que ha contado el Estado y la facilidad con la que se toman decisiones se han concentrado en el mantenimiento del poder y la popularidad del actual presidente.
“El Estado se ha desenfocado de su orientación como garante de derechos para reorientar hacia el mantenimiento del poder y la popularidad del presidente”, la economista sostiene que este giro es el pilar para comprender el panorama en el que se desarrollaron las elecciones.
“En los últimos cuatro años hemos observado una continuidad de golpes a la institucionalidad democrática y de derechos en El Salvador”, agregó Marroquín.
Actualmente en el país no existe un plan económico gubernamental “la acción más relevante en términos económicos en los últimos años es la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal y su total fracaso para llevar bienestar económico a la población salvadoreña, también es de aquí en donde se prenden acciones regresivas como el de financiamiento programas anti-pobreza, de soberanía alimentaria, igualdad de género, mientras se utilizan recursos en abundancia orientadas a la imagen del país y del presidente como lo es usar fondos públicos la realización de Miss Universo, incluso la compra de Bitcoin con fondos públicos”, afirmó la economista.