Un grupo de habitantes de la comunidad Santa Marta, Cabañas, se concentraron ayer en la sede en San Salvador del Centro Judicial para brindar su apoyo a cinco líderes comunitarios que enfrentaron una audiencia preliminar por los cargos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
La audiencia programada para iniciar a las 10 de la mañana se extendió hasta horas de la noche. El abogado defensor de los líderes comunitarios procesados comentó a El Diario de Hoy que considera que la audiencia pudo desarrollarse en menos tiempo.
Las personas, que llevaban pancartas con mensajes de apoyo, pidieron la libertad para los defensores y ambientalistas, y señalaron que el proceso penal en su contra “no debe continuar porque la Fiscalía no tiene pruebas del hecho” que se le atribuye.
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Los defensores, que son parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) y que guardan prisión provisional desde agosto del año pasado, son acusados de asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, dijo a periodistas que en la última semana de junio de 2023 se realizaron diligencias de exhumación en el lugar donde supuestamente se cometió el hecho y “no fue encontrado el cadáver o restos de la supuesta víctima”. Por lo que las organizaciones consideran que es un caso “injusto”.
“Sin ustedes no nos vamos”
“¡Compañeros, sin ustedes, no nos vamos!” Eran algunas de las consignas que los manifestantes gritaban en las afueras del edificio judicial en apoyo a sus compañeros.
La lideresa comunitaria de Santa Marta, Vidalina Morales, expuso que la Fiscalía no presentó ningún motivo para que la jueza continúe a la etapa de juicio o vista pública, por lo que exigen el sobreseimiento definitivo.
El caso Santa Marta tiene reserva total desde su audiencia inicial en enero de 2023, donde se decretó prisión provisional para los procesados. Hasta el cierre de esta nota, la audiencia preliminar no había concluido y no había resolución por parte de la jueza.
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El proceso penal es en contra de seis personas, entre estas los cinco activistas que son residentes de la comunidad Santa Marta, localizada en el municipio de Victoria, Cabañas. Los detenidos el 11 de enero de 2023, son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos, que no pertenece a la comunidad Santa Marta.
