El 12 de septiembre de 2019, en el marco de sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Nayib Bukele, a través de su entonces ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, oficializó el reforzamiento en fronteras con 800 agentes policiales de la supuesta División de Seguridad Fronteriza y 300 oficiales migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería, dotados de vehículos terrestres, un helicóptero y varios drones con los que vigilaría todas las fronteras salvadoreñas, incluyendo 154 puestos fronterizos no autorizados, conocidos también como puntos o pasos ciegos.
Pero de eso poco o nada se ve en el terreno. Fuentes policiales y de Migración lo afirman de manera extraoficial: solo fue una puesta en escena para demostrarle al entonces gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que El Salvador estaba dispuesto a colaborar en su gigantesco esfuerzo por evitar la migración ilegal hacia aquel país.
Cuatro años después, de aquellos 300 agentes migratorios mencionados en un evento oficial en la frontera La Hachadura, realmente solo hay 23 oficiales migratorios asignados a patrullas fronterizas, que se dividen en dos grupos de trabajo, uno de 12 y otro de 11 (el de turno y el que descansa), un administrativo y el jefe, de acuerdo con información oficial.
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Tal cantidad de oficiales, en teoría, debe trabajar en las ocho fronteras terrestres a nivel nacional, como en los pasos o puntos ciegos que se cuentan por decenas, según afirmaron fuentes de Migración, que pidieron no revelar sus nombres.
En cuanto a vehículos terrestres, solo cuentan con 18 patrullas (pick ups) de las cuales 13 están asignadas a puestos fronterizos establecidos, tres más al área metropolitana y una a la oficina central. Del helicóptero no se sabe nada y tampoco de los múltiples drones que fueron presentados aquel 12 de septiembre de 2019 en La Hachadura.
De los 800 agentes policiales que reforzarían la seguridad en las fronteras para, entre otras tareas, frenar el tráfico de personas, no quedan muchos, pues poco a poco, a lo largo de estos cuatro años anteriores, los han trasladado a otras unidades. “A la mayoría se los han llevado a otros lugares, por ejemplo cuando hacen esos cercos en comunidades o municipios se los llevan y ya no vuelven”, detalló una fuente policial, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias.
El 8 de marzo anterior, El Diario de Hoy gestionó una entrevista con el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) con el fin de consignar en este reportaje, la versión de esa institución sobre el paso de extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos de forma irregular, así como los esfuerzos que El Salvador hace para controlar ese flujo; sin embargo no se obtuvo respuesta.
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Paso fácil
Una investigación de El Diario de Hoy en el occidente de El Salvador determinó la facilidad con que esa frontera es cruzada a diario por decenas de extranjeros que llegan vía aérea al país con el pretexto de hacer turismo, principalmente personas de Ecuador e India.
Solo durante el 2023, según datos de la DGME, cada día ingresaron un promedio de 165 ciudadanos ecuatorianos, para totalizar una cantidad anual de 60,010.
Pero ese promedio diario registrado en 2023 se elevó a 415 entre enero y febrero de 2024, según las mismas estadísticas del Departamento de Movimientos Migratorios y Análisis de Gestión Migratoria de la DGME.
En el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero no es difícil identificar a ciudadanos ecuatorianos. Llegan en cuatro vuelos, dos de ellos vienen directamente desde Quito, mientras que otros dos salen de Ecuador, hacen escala en Bogotá (Colombia) para luego partir a El Salvador. Los cuatro vuelos arriban en el lapso de entre las 5:30 y 6:30 a.m., todos los días.
Fuentes policiales consultadas afirmaron que personas originarias de Ecuador en su mayoría y, en menor medida, de República Dominicana, llegan a diario a los puestos fronterizos del occidente, intentando pasar a Guatemala. De la India son pocos los que buscan salir vía terrestre por fronteras habilitadas.
Pero quienes abandonan El Salvador por pasos fronterizos habilitados son solo una parte. El Diario de Hoy comprobó que decenas de ecuatorianos y en menor cantidad de otras nacionalidades, usan los pasos o puntos ciegos de la frontera salvadoreña con Guatemala, aprovechando la escasa o ninguna vigilancia de parte de autoridades policiales y de migración, más la susceptibilidad de estos a corromperse por unos cuantos dólares.
El 13 de marzo de este año, un equipo de este diario documentó que un grupo de ecuatorianos, entre 12 y 15, cruzó hacia Guatemala por El Coco, un cantón fronterizo del municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, frontera no habilitada y “vigilada”, supuestamente, por militares salvadoreños y guatemaltecos. Los migrantes pasaron sin ningún disimulo frente a los militares de ambos países.
Horas antes, el mismo equipo periodístico presenció cómo un agente de migración interceptó el paso a una docena de ecuatorianos pero permitió que otros tantos continuaran su viaje en autobús hasta la frontera San Cristóbal. Ambos grupos dijeron que su intención era pasar a Guatemala.
El flujo de extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular es cuantioso. A mediados de marzo, El Diario de Hoy comprobó que en lapso de una hora, entre 50 a 60 ecuatorianos que viajaban a Guatemala fueron detectados en un retén migratorio instalado un par de kilómetros antes de llegar a la propia frontera de San Cristóbal.
De acuerdo con fuentes policiales y de Migración, no se les permite continuar hasta la frontera porque para entrar a Guatemala necesitan visa de ese país. No obstante, inexplicablemente, a unos los obligan a bajarse de los autobuses y no les permiten continuar, en tanto que a otros los dejan continuar hasta la mera frontera.
Pobladores de caseríos a lo ancho de la frontera salvadoreña con Guatemala señalan que es descarada la corrupción enquistada en autoridades salvadoreñas (policías y militares) que, en teoría, deberían evitar el paso de migrantes irregulares.
Fuentes policiales también admiten que la corrupción de elementos policiales es notoria al interior de la institución, pero que inexplicablemente no los sancionan, al parecer porque es un negocio del que muchos sacan provecho.
Los informantes aseguran que por ese “provecho” que se obtiene al estar en zonas fronterizas, es que hay elementos policiales que tienen muchos años de estar en dichos lugares y que, algunos, a pesar de haber sido capturados, acusados y procesados judicialmente por corrupción en el contrabando de ganado, de mercadería, de drogas y de personas, cuando son puestos en libertad los envían de vuelta a los mismos puestos.
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“En estos lugares no hay nada que no se pueda arreglar si hay dinero”, dijo un lugareño, en referencia a las detenciones y detecciones de pasos de migrantes o contrabando de ganado o mercaderías.
En 2016, a través de escuchas telefónicas, varios miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados y procesados. Estaban asignados al puesto en el cantón San Jerónimo, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. Todos fueron liberados y al menos uno de ellos volvió a la zona fronteriza.
De acuerdo con fuentes policiales y pobladores de la zona, en el puesto de San Jerónimo y San Antonio Pajonal, solo permanecen dos policías de servicio, mientras otros dos andan con licencia. Para los lugareños, eso dice mucho sobre el interés del gobierno salvadoreño en controlar el paso de migrantes irregulares.
En el caso de San Jerónimo, mientras un policía permanece de guardia, sentado frente a un escritorio, otro está descansando. A principios de marzo, fuentes policiales aseguraron que el puesto de San Jerónimo tiene seis meses de no tener vehículo. Aparentemente, por desperfectos mecánicos fue enviado a reparación y medio año después no lo han regresado.
Para el puesto de San Antonio Pajonal hay un vehículo asignado, pero es como si no lo tuvieran porque generalmente se los piden para ser usado por otros puestos de la delegación por días o semanas. Pobladores de San Jerónimo y San Antonio Pajonal confirmaron la cantidad de policías que hay en esos lugares y la carencia de transporte.
De la policía fronteriza, en un recorrido realizado en tres días por la línea divisoria con Guatemala, desde la frontera Anguiatú, pasando por San Antonio Pajonal, Candelaria de La Frontera (en el departamento de Santa Ana) hasta la frontera Las Chinamas (departamento de Ahuachapán) no se vio ningún policía vigilando o patrullando puntos o pasos ciegos.
Solo en el caserío conocido como El Puntito, de Metapán, se pudo observar una patrulla de cinco soldados. Pobladores de la línea fronteriza entre Metapán y Las Chinamas aseguran que es más frecuente ver soldados ejerciendo labores de control fronterizo, aunque entre estos también -dicen- hay corrupción.
De hecho, a principios de marzo, fue un grupo de soldados que capturó a un sujeto que, supuestamente, guiaba a un grupo de extranjeros, para pasarlos a Guatemala por pasos ciegos de San Antonio Pajonal. En El Coco (Chalchuapa) también hay una patrulla de soldados, pero éstos, al parecer, están de acuerdo con traficantes de personas porque el 13 de marzo no detuvieron a un bus que llevaba a entre 12 a 15 ecuatorianos.
El paso de ecuatorianos por El Salvador no es nuevo. Hace un par de décadas ya se registraban casos de decenas de personas de ese país que bandas de traficantes de personas, como la del fallecido José Natividad Luna Pereira, de la organización criminal Los Perrones, ayudaban a llegar a Estados Unidos de forma irregular.
Esas mismas bandas, en complicidad con funcionarios y empleados estatales (policías, fiscales y empleados de Migración), también traficaban ciudadanos chinos, a quienes cobraban decenas de miles de dólares.