La Asociación Pro-Búsqueda denunció que el Estado salvadoreño adeuda el banco de datos genéticos, lo que simboliza un impedimento para la búsqueda de personas desaparecidas, en especial de casos involucrados con la niñez salvadoreña.
En enero de 2021, la Asamblea aprobó la Ley Nacional de Banco de Datos Genéticos, cuya institución se encargaría de sistematizar y almacenar la información genética que se obtenga y genere, con el fin de ingresar los perfiles genéticos a las bases de ADN que lo integran.
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“No se tiene información actualizada sobre el reglamento de la ley, que permite establecer que ha incluído estándares y peticiones hechas por Pro-Búsqueda para que se establezca una ley que respete la dignidad de las víctimas y que sea una herramienta para la identificación de personas para casos de conflicto”, señaló la asociación.
Para la genetista Patricia Vasquez, la información genética permite conformar con un alto nivel de certeza el parentesco entre una persona y su familia biológica.
Pro-Búsqueda desde el 2004 empezó con la construcción de la base de perfiles genéticos “que no solo es construir, sino mantenerla y que siga creciendo para que pueda dar resultados a lo largo de los años”.
La asociación pidió al gobierno que exponga cómo va a trabajar con los familiares de desaparecidos para actualizarles sobre la ley y que se difunda el reglamento del marco legal, para aplicarla.
“Lleva tiempo, pero mientras más pronto se inicie, definitivamente es mejor”, señaló Vásquez.
¿Cómo funciona?
Pro-Búsqueda envía las muestras a laboratorios internacionales, con los resultados y a través de un software interno elaboran la comparación masiva.
“con esta comparación podemos tener dos resultados; uno, la confirmación de un caso de la vinculación a una familia y llegar a la resolución de un caso a través de la evidencia científica, y por otro lado, podemos tener una coincidencia entre una personas y una base de datos sin tener antes una sospecha de parentesco”, detalló Vásquez.
Mediante esta vía, Pro-Búsqueda ha resuelto ocho casos, lo que se traduce en ocho familias que encontraron a sus hijos desaparecidos forzadamente durante el conflicto armado.
“Es importante reconocer para el Estado que se tenga en cuenta la utilidad y se proceda a la construcción de la base de datos de familiares de desaparecidos”, señaló la asociación.