“El miedo tiende a ir minimizando cuando nos acuerpamos”, con estas palabras Vidalina Morales, presidenta de la Asociación Santa Marta, en Cabañas destacó cómo la lucha contra la minería metálica ha traído serías repercusiones por parte de las autoridades.
“Desde 2022 estamos alertando al pueblo salvadoreño la apuesta que trae este gobierno de retomar los proyectos mineros”, entre los indicios que la asociación ha presentado destaca el momento en el que el país se suma al panel intergubernamental de los países que apuestan al extractivismo minero, seguido por la creación de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, a la que se le asignó un presupuesto de $4.5 millones, sumado a la presencia de personas en el territorio que buscaban comprar terrenos donde antes estuvo un proyecto minero.
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Ante este panorama, la comunidad Santa Marta estaba organizando un foro nacional para denunciar los indicios, actividad que se vio paralizada por la captura de los cinco ambientalistas y uno de sus colaboradores.
“De víctimas nos pasan a victimarios con la captura de los compañeros ambientalistas, cuando la comunidad ha estado exigiendo justicia, la Fiscalía arma un caso que es el que le permite capturar a los compañeros y van a prisión”, señaló Morales durante un programa matutino transmitido por TVX.
14 meses después de la captura arbitraria, según denuncia de la comunidad, el caso de los ambientalistas tomó notoriedad a nivel internacional logrando que los involucrados fueran llevados a sus hogares bajo arresto domiciliario. Este periodo encarcelados tuvo serías repercusiones en su salud debido a que entre ellos hay un paciente diabético, uno con problemas de asma y un adulto mayor.
Morales argumenta que las autoridades no tienen pruebas en contra de los ambientalistas. “Esto es un caso que la Fiscalía construyó y cada vez más se le caen las pruebas, a nuestra comunidad fueron a querer encontrar el supuesto cadáver con una retroexcavadora, es bien divertido porque estos trabajos deben ser bien minuciosos y ellos pasaron una semana con la retroexcavadora”, señaló la presidenta de la asociación.
“Aquí el llamado es al gobierno que respete el consenso nacional que se logró, no puede quedar en la basura”, sosteniendo que en el país existe un marco jurídico que prohíbe la explotación minera.
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“A 7 años de haber alcanzado este marco jurídico sentimos que estamos iniciando nuevamente, este silencio gubernamental nos preocupa debido a todo lo que hemos estado denunciando y este gobierno no ha dicho nada”, agregó Morales.
Expertos en temas de minería anteriormente se han pronunciado debido a que la contaminación de los recursos naturales en la franja norte del país con el uso del cianuro podría generar daños en la salud de las personas en un periodo menor a 10 años.
“La amenaza sigue existiendo debido a que tenemos oro en el subsuelo y ahí no daña a nadie, pero si se explota ahí contamina nuestra agua, estamos buscando como estar en armonía con nuestro entorno necesitamos agua para vivir y tierra para cultivar nuestros alimentos”, recalcó Morales.
Vidalina Morales concluyó que “este proyecto que está en Cabañas sería como el arranque de otros y amenazaría la cuenca alta del río Lempa, sería una muerte lenta pero segura”.