El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo está empujando una iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, con el objetivo de obligar a las empresas de telecomunicaciones a proporcionar información de sus usuarios. La propuesta, conocida como la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, busca reemplazar la anterior legislación vigente en el país.
La iniciativa ha sido enviada el pasado 8 de marzo a la Comisión de Infraestructura del Parlamento para su análisis y dictamen, según anunció el titular del Parlamento, Gustavo Porras.
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Uno de los aspectos más preocupantes de esta propuesta es el artículo 109, que establece la obligación de los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales de proporcionar toda la información requerida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
La información solicitada incluye datos estadísticos y georreferenciados, y debe ser entregada de manera detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable. Esto significa que Telcor, el ente regulador del sector, dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, tendría acceso a información sensible y personal de los usuarios.
Según el Ejecutivo, la actualización de la ley es necesaria debido al carácter obsoleto de la legislación existente y los avances tecnológicos actuales. Sin embargo, los críticos en el exilio afirman que esta propuesta busca establecer un control aún mayor sobre los operadores y usuarios de telecomunicaciones en Nicaragua.
Entre las disposiciones de la iniciativa se incluye la supervisión de la importación de equipos tecnológicos por parte de Telcor, la obligación de los operadores de telecomunicaciones de proporcionar la geolocalización de los usuarios y la autorización para realizar inspecciones, incluso con el respaldo de la fuerza policial.
Además, se establecen sanciones económicas para los operadores que infrinjan la ley, las cuales van desde los 0.5 % hasta 2.5 % de sus ingresos brutos derivados del año anterior por infracción. La propuesta también contempla que los operadores deben unirse a las cadenas de radio y televisión y poner a disposición del gobierno sus instalaciones y servicios en casos de emergencia nacional o regional. Además contempla ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.
El gobierno argumenta que esta nueva legislación está orientada a promover una conectividad de alta velocidad, calidad y accesible para los usuarios nicaragüenses. Sin embargo, las preocupaciones sobre la invasión a la privacidad de los ciudadanos y el aumento del control estatal sobre las comunicaciones son temas que están generando debate tanto dentro como fuera del país.
Nueva Ley busca "vigilar" a los nicaragüenses
La oposición nicaragüense en el exilio criticó recientemente la iniciativa de ley.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde advirtió que esta ley, busca "vigilar" a los nicaragüenses y a todas aquellas personas con teléfonos celulares de Nicaragua.
El exdiputado nicaragüense desnacionalizado Eliseo Núñez, miembro de Monteverde, dijo que en particular les preocupa el artículo 109 de esa iniciativa, "donde dice que es la obligación de darle información al ente regulador" de lo que consumen los usuarios.
Se podrá hacer un perfil del usuario
Según Núñez, normalmente la información en temas estadísticos sí la maneja Telcor, "pero la información detallada de la que hablan ellos (en la iniciativa), es información que, salvo orden judicial, no se le podía dar al ente regulador".
"Ahora lo deja bastante amplio. No lo dice exactamente, pero incluso tiene la capacidad de poder pedir qué es lo que vez en televisión, qué es lo que estás consumiendo en términos de redes sociales, con quien hablas y con quien te comunicas", sostuvo.
Con esa información, advirtió el dirigente opositor, se pueda elaborar un perfil de una persona, "principalmente de los empleados estatales, de los que ellos tienen sospecha que se están inclinando" a la disidencia.
Por tanto, para Núñez, el Gobierno quiere esa ley para perfilar a las personas que sean de su interés en Nicaragua, entre los que mencionó a los del Ejército, la Policía y los empleados estatales.
Según el Ejecutivo, la nueva ley está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.