¿Cuál es el propósito que escondería la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que presentó el gobierno el pasado 8 de marzo y que la Asamblea oficialista le aprobó este 12 de marzo en la plenaria?
Expertos hacen una lectura de la real intención del gobierno con la medida que ha vendido a la población como una iniciativa para atraer inversión extranjera y ayudar a la golpeada economía del país.
En síntesis, tanto economistas como una diputada de la oposición ven que es una estrategia para que llegue más dinero a los bancos locales y que éstos tengan liquidez para seguir financiando deuda estatal que, de por sí, ya está elevada. Esto podría complicar el sistema financiero salvadoreño, tal como ya lo ha advertido la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) en 2023.
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La diputada Claudia Ortiz opina que “aquí lo que estamos leyendo es un intento de esta administración de atraer más dinero a la economía del país de manera que haya más depósitos en los bancos y ya sabemos por diferentes medidas que se han tomado acá y por el cierre de los espacios para acceder a financiamiento que el gobierno de El Salvador está financiándose con los dineros del sistema financiero nacional”.
Ortiz no se quedó ahí y fue más enfática: “Entonces me parece que es una medida para atraer más dinero o capitales hacia el país, aumentar los depósitos en los bancos y que eso pueda darle un espacio más para financiarse con la deuda que permite hacerlo con el mercado nacional”.
El economista Rommel Rodríguez también plantea la inquietud: ¿por qué lo están haciendo, qué está detrás de esa medida?
Para ponerlo en contexto, el experto explica que “el sector financiero ha tenido una desaceleración en los créditos y también recordemos que los bancos tienen comprados muchos títulos de deuda de corto plazo del gobierno, eso también eleva el riesgo en los bancos”.
De hecho, según datos del Ministerio de Hacienda, el gobierno tenía una deuda de corto plazo en Letras del Tesoso (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes) que ascendía hasta el año pasado a $2,800 millones, de los cuales $1,500 millones “son los títulos que están en tenencia de la banca privada”.
Los Letes y Cetes son una especie de “tarjeta de crédito” que el gobierno utiliza para obtener dinero de forma más rápida, aunque a tasas de interés más altas, y debe ser pagado en un plazo máximo de un año. Pero debido a la alta cantidad de deuda que acumulaba el gobierno con los bancos locales, la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) le propuso el año pasado ampliar el plazo para que le pague los créditos en 2, 3, 5 y hasta 7 años.
Ante ello, Rodríguez plantea la duda de si la reforma para exonerar de impuesto sobre la renta a todos los capitales que ingresen al país pudiera ser “una concesión para darles otras alternativas y si busca ayudarles en un contexto complicado en el que reconoce que los ha expuesto, porque hay bastante deuda de corto plazo que es del gobierno y, por otro lado, el mercado crediticio y de depósitos no ha andado muy dinámico al cierre de 2023”.
La calificadora S&P alertó en septiembre y en diciembre del año pasado que los bancos en El Salvador tenían un alto nivel de riesgo por los créditos que le han estado otorgando al gobierno y que eso limitaba el financiamiento de otros sectores productivos del país.
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“La creciente exposición a la deuda soberana (del gobierno) limita la liquidez de la industria bancaria” en El Salvador, dijo en su informe de septiembre de 2023 la firma estadounidense.
Y en su informe de diciembre pasado reiteró: “Esta exposición limita su flexibilidad para fondear sectores económicos productivos”.
También el economista Rafael Lemus considera que la estrategia detrás de la reforma a la Ley del ISR es justamente que ingrese más dinero al sistema bancario.
“Yo diría que es una reforma que en el fondo está buscando traer más capital, que vengan más recursos al país, que se pueda poseer más fondos del exterior, ya sea por préstamos o cualquier figura, que permita que ingrese dinero al país; hay un interés de que ingrese ese dinero y siendo lo más laxo que no pague el Impuesto Sobre la Renta”, opina.
¿Impactará la recaudación?
Rodríguez agrega que en la reforma aprobada ve que hay “un tratamiento preferencial a las ganancias o rentas del capital provenientes del exterior”, lo cual está regulado a nivel internacional para que no haya “abusos” en ese tipo de medidas, pero en el caso de lo aprobado esta semana considera que hay “un trato inequitativo respecto a otros sectores, porque otros sí pagan (ISR), cuando repatrian sus ganancias”.
Además, el economista apuntó que “habría que ver qué impacto tiene sobre la recaudación tributaria, si por un lado va a afectar la caída en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta”. Y se pregunta si Hacienda ha hecho un análisis del costo-beneficio de la reforma y si en las proyecciones de la recaudación esa medida va a tener un impacto.
“En rigor, en un país serio, la propuesta va acompañada con estimaciones de recaudación y de los posibles flujos de inversión que podrían venir y beneficiar a la economía y allí se hace un análisis costo-beneficio”.
Y la diputada Ortiz planteó que ante los problemas económicos graves en el país, donde hay una reducción de la inversión, desempleo, falta de crecimiento y donde las finanzas públicas tienen problemas de financiamiento, de liquidez y un endeudamiento insostenible, la pregunta es: “¿Esta reforma cómo cabe en todo esto?”.