Cristosal, IDHUCA y la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU), organizaciones miembros del Grupo de Trabajo por las personas desaparecidas en El Salvador se han pronunciado respecto a la captura de Verónica Delgado de Escobar, una madre de 41 años, quien desde mayo de 2022 viene pidiendo se investigue la desaparición de su hija Poala Arana.
Delgado forma parte del Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas. El lunes 11 de marzo en horas de la tarde fue capturada en su casa de habitación ubicada cerca de la línea férrea en Lourdes Colón, donde agentes de la PNC se presentaron con una orden de arresto de la Fiscalía General de la República.
El Ministerio Público la acusa por agrupaciones ilícitas, según declaraciones de familiares.
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Desde el 26 de mayo de 2022 Verónica ha participado en numerosas actividades conmemorativas y procesos internos del bloque y otros de carácter público como conferencias de prensa y marchas sociales. Una de los más reciente fue la marcha del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde también exigió al Estado una investigación eficiente en el caso de la desaparición de su hija, Paola.
"La detención de Verónica Delgado ocurre en el marco del régimen de excepción, y coloca en grave riesgo su seguridad, su derecho de búsqueda y defensoría de derechos, por lo que demandamos la consideración de esta defensora y el cumplimiento del debido proceso, así como su liberación inmediata, atendiendo a las circunstancias de su detención", dijo el Grupo de Trabajo de las personas desaparecidas en un comunicado emitido este martes.
"Ella (Verónica) viven en una zona desfavorecida, son familias de escasos recursos, y esta ha sido siempre una zona conflictiva donde la Policía acostumbraba a ser redadas, y en el marco de régimen ha hecho varias capturas, entonces no descartamos que (Verónica) haya sido víctima inocente de un proceso, como muchas personas, que por vivir en este tipo de zonas las han capturado", dijo a El Diario de Hoy, Idalia Zepeda, Coordinadora del área jurídica de ASDEHU.
Para Zepeda tampoco se descarta que la captura esté relacionada al hecho de ser una mujer defensora de derechos humanos.
A su juicio Verónica quien además ha sido víctima del crimen organizado (pandillas), razón a la cual se atribuye principalmente la desaparición de su hija, también ha sido víctima del Estado dado que a casi dos años, "(las entidades responsables) no han logrado dar una respuesta integral al caso de la desaparición de Paola". "Creemos que son elementos a considerar", opina la representante de ASDEHU.
Tras la captura, Verónica, habría sido trasladada a las bartolinas de Ciudad Arce, en La Libertad, de donde será remitida a un penal, "aún no sabemos a cuál", añade Zepeda.
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"Como organizaciones que formamos el Grupo de Trabajo por las personas desaparecidos estamos haciendo la denuncia y exigiendo un proceso apegado a la ley, objetivo, aunque ya sabemos que el mismo régimen permite y valida la interrupción de garantías procesales de derechos humanos, pero aún así en el marco de los (derechos) que todavía prevalecen creemos que debe de hacerse un proceso objetivo y justo", puntualiza.
Desde su integración al Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas, Verónica Delgado ha participado activamente en la Comisión de Comunicación, así como en actividades de sensibilización para promover la empatía de la sociedad con este tema considerado altamente estigmatizado. Asimismo ha estado involucrada en procesos internos de formación y fortalecimiento del colectivo; acciones de incidencia política que buscan promover quitar la reserva de información en aspectos como los cementerios clandestinos y cifras de desaparecidos; además de participar en la emisión de solicitudes de audiencia a entidades de derechos humanos para que verifique la violaciones desde el Estado respecto a las desapariciones, entre otro.
De acuerdo a las estadísticas, entre enero y septiembre de 2023 se reportó un incremento del 9% de las personas desaparecidas respecto al mismo periodo del año 2022.
Las organizaciones sociales lamentan el incrementó de los números y señalan que ante la ausencia de de políticas integrales y la inactividad estatal en las actividades de búsqueda son las madres, cuidadoras y los familiares de las personas desaparecidas quienes deben asumir estas tareas, y quienes deben sufrir la criminalización y maltrato de parte de las autoridades.