Por Nos hemos referido ya antes a algunas nociones de democracia, en especial, la democracia plebiscitaria dominada por las mayorías, y que Weber la identifica con la dominación carismática (del jefe, caudillo, líder, cúpula o partido), en la que el jefe (demagogo) domina de hecho, en virtud de la devoción y confianza personal de su séquito político; y la democracia constitucional, caracterizada por la vigencia, validez, eficacia y fuerza normativa de la Constitución, que garantiza la separación de poderes, la independencia judicial, la revisión judicial de la ley y de los actos de gobierno; y, sobre todo, la garantía de protección de los derechos humanos.
Esta última, es la que caracteriza a la democracia sustancial. Si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo (en la definición que daría Lincoln), esto implica que no basta con la legitimidad del gobierno por medio del apoyo de las mayorías, sino que las decisiones que el gobierno tome respondan a las necesidades de las mayorías que le han votado, y que también sean escuchadas y tomadas en cuenta, tanto en las decisiones como en su ejecución.
El padre Ellacuría S.J., insistía en la idea que había que escuchar al pueblo, en sus comunidades de base, en los cantones, sobre sus necesidades básicas, sus problemas, para darles solución. Por eso decía que el pueblo debía hacer oír su voz.
Recordemos que los derechos humanos, tan satanizados por algunos funcionarios, no se limitan a los derechos de libertad y de participación (derechos de la primera generación), sino también a los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación o igualdad), y los derechos a gozar de un medio ambiente sano, a la paz, a la cooperación y solidaridad (tercera generación o fraternidad).
Para que un gobierno sea democrático, debe garantizar esos derechos a la población, tanto en sus derechos de libertad y participación, como en asegurarle iguales oportunidades de desarrollo, para la satisfacción de los derechos de la segunda generación.
En un país tan estructuralmente injusto, en lo económico, social, cultural y medio ambiental, como lo es el nuestro, la prioridad de cualquier gobierno debería ser la satisfacción de esas necesidades y de esos derechos.
Un gobierno que se jacte de democrático debería no solo respetar la Constitución, como primer punto de partida, sino encaminar sus esfuerzos a la satisfacción de los derechos humanos de la gente.
Si se despilfarran los fondos públicos y los empréstitos, en propaganda y publicidad, en mega obras monumentales que en nada abonan a la satisfacción de esos derechos, sino al contrario, les perjudican; en eventos artísticos, deportivos, de belleza y de entretenimiento, y no se prioriza en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, difícilmente un gobierno será democrático. Si se gobierna en función de una pequeña élite que depreda el medio ambiente y el patrimonio cultural de los pueblos originarios, que al final es patrimonio de los salvadoreños; si no se cumplen con las promesas de reconstruir cinco mil escuelas en cinco años; ni en construir residencias universitarias, ni se amplía la universidad acercándola territorialmente y ofreciendo más opciones de estudio; o se toman acciones para garantizar el pleno empleo, el acceso a la vivienda digna o a los servicios básicos, que desarrollen verdaderamente a la población; si no hay medicamento, equipo y personal hospitalario que atienda a la gente, difícilmente podemos hablar de un gobierno democrático.
Si la prioridad está en crear contenido para construir una burbuja publicitaria sobre la ciudad, el país y sus espectáculos, difícilmente podemos hablar de progreso, y menos de desarrollo. Los turistas sufren el golpe de realidad cuando son atraídos por esa campaña mediática, pero ven lo duro de la pobreza de nuestra gente, no solo económica sino también cultural y social. Y, aun así, le dan el beneficio de la duda… Beneficio que choca con otra realidad: Muchas pequeñas empresas quebradas y en ruinas, por el impago del gobierno a sus proveedores, que también se extiende a grandes empresas proveedoras de bienes y servicios a quienes el gobierno les debe varios millones. De ahí que el despilfarro está generando otros daños colaterales.
Nelson Mandela, luchador social y ex presidente de Sudáfrica, quien estuvo preso veinte años por luchar contra el Apartheid, política de segregación racial, diría:
“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.
Juez y profesor universitario