El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador realizó este jueves la segunda jornada del juicio contra el concejal Héctor Silva Hernández por los delitos de difamación y calumnia en contra del diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sin embargo dejó pendiente la fecha del fallo.
La demanda fue interpuesta por el diputado después que Silva señaló en dos medios de comunicación nexos del diputado con la empresa Media Latam Group, la cual recibió millonarios contratos con la alcaldía municipal de San Salvador.
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En el primer día de juicio realizado el pasado 28 de febrero los abogados del diputado cian, Carlos Meléndez y Jaime Cárcamo, ratificaron la demanda contra Silva, alegando que sus declaraciones brindadas el 10 y 11 de agosto del 2023 causaron daños a la integridad de Guevara.
En su declaración ante la jueza, el diputado Guevara aceptó que existe un poder a su nombre en la empresa Media Latam Group, que sigue vigente hasta la fecha.
Al ser cuestionado en qué fecha le otorgaron el poder, Guevara contestó que fue a mediados de junio o julio de 2019.
¿Y hasta cuándo terminó o se revocó ese poder? Preguntó el abogado defensor de Silva. “Yo entiendo que no ha sido revocado”, contestó el diputado. Al ser cuestionado si el poder sigue vigente en 2024 contestó “Sí”. Luego, explicó que no sabía de su existencia, sino hasta el 11 de agosto de 2023.
La segunda jornada del juicio inició con la declaración del segundo testigo por parte de los abogados acusadores, Gustavo Edgardo Melgar Molina.
Melgar Molina, según la denuncia realizada por Silva, es el representante legal de Media Latam Group. Confirmó la existencia del poder, pero aseguró que este había caducado en diciembre de 2020.
Sobre eso, el diputado Guevara manifestó a los medios de comunicación que cuando dio su declaración, desconocía esos detalles.
“En la declaración anterior, hace una semana desconocía los detalles del poder y dije que estaba el poder vigente, pero ahora, a todos ustedes les ha quedado claro que el poder, no fue revocado, fue caducado el 22 de diciembre del año 2022”, manifestó Guevara.
Piden medida cautelar
En los alegatos finales, los abogados acusadores reiteraron que las palabras públicas de Silva dañaron la imagen del diputado, lo que se tipifica como difamación y calumnia.
Los abogados de Guevara reiteraron que se le condene por la cantidad de 50,000 dólares, mediante un cheque certificado a nombre de la Fundación del Hospital Benjamín Bloom y una disculpa pública por parte del acusado.
Además, los abogados acusadores solicitaron que se aplique una restricción migratoria, como medida cautelar, para garantizar el cumplimiento del pago de los 50,000 dólares, o que se caucione la cantidad solicitada.
Por su parte, la defensa de Silva sostuvo que se demostró que el concejal no ha cometido los delitos que se le atribuyen.
“Hemos demostrado que hace falta, en los hechos de la acusación, un elemento clave y fundamental de los delitos, no lograron demostrar la falsedad de lo que dijo el acusado, pero sí se demostraron los nexos y vínculos personales”, expresó Oswaldo Feusier.
Además, el defensor planteó que las acciones de Silva están enmarcadas en el derecho a la crítica política y la libertad de expresión. “Lo único que ha hecho es comentar un poder que estaba en un registro de comercio público”, señaló.
Feusier agregó que se trataba de una discusión de relevancia pública. “¿Es relevante para un ciudadano conocer que una alcaldía está encargando contrataciones a empresas que han tenido vinculación con un funcionario público de alto nivel? Creo que sí", expuso.