La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó por enriquecimiento ilícito a la exdiputada Lorena Peña; misma decisión tomó en cuanto a Ana Virginia Guardado Peña, hija de exfuncionaria.
En el caso de Lorena, la Cámara encontró enriquecimiento ilícito por $133,746.60, en tanto que para la hija, son $17,016.26, lo cual hace un total de $150,762.86. Esa cantidad deberán reintegrar al Estado.
“La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador valoró las pruebas presentadas por la @FGR_SV, con las que se demostró que ambas imputadas no pudieron justificar el aumento de su patrimonio y el origen legal del dinero. La sentencia también inhabilita a Peña para ejercer cualquier cargo público en los próximos 10 años”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
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Ambas fueron acusadas por la Fiscalía de enriquecerse ilegalmente con $277,482.54 provenientes de fondos del Estado, pero lograron desvanecer la suma de $126,719.68, según la abogada de ambas.
“A Peña se le señalan irregularidades en depósitos bancarios en efectivo, la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de crédito por un total de $140,521.57. Mientras que a su hija se le ha demandado por inconsistencias en pagos en depósitos bancarios en efectivo y en pagos de tarjetas de crédito por un monto de $136,960.94”, detalló la Fiscalía en un tuit, poco antes de conocer el fallo.
La versión de la exdiputada
Por su parte, la abogada de ambas dijo que el fallo les era un tanto favorable porque se redujo en mucho la cantidad de dinero que la Fiscalía les atribuía como enriquecimiento ilícito. Adelantó que van a apelar la sentencia.
Al ser consultada sobre la condena, Lorena Peña respondió: “Es una condena política. A mi hija la condenan por 17 mil dólares de desembolsos recibidos de la institución norteamericana con quien ella trabaja, y que la misma institución envió la documentación de respaldo. Y en mi caso los 133 mil restantes son 120 mil de los diez años de labores en la Secretaría de Cultura del FMLN, no del gobierno, es la cuenta de gastos de esa secretaría, no es una cuenta personal mía, y eso ellos mismos lo dicen en sus acusaciones, más un terreno de 11 mil dólares que pagué a lo largo de 14 años y que ellos dicen que lo compré al contado aun cuando tienen el contrato de compraventa y los recibos. No hay en la acusación referencias a ninguna ONG, ni a malversación de fondos públicos, sin embargo, a mí me condenan a “devolver” esa cantidad y a mí sí me inhabilitan por diez años”.