La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente este lunes la entrada en vigencia de una severa ley aprobada en Texas, que permite detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México.
Según publicó el máximo tribunal estadounidense en su página de internet, la suspensión estará vigente hasta el 13 de marzo. Luego debe pronunciarse sobre una demanda del gobierno de Joe Biden, que acusa a Texas de excederse en sus atribuciones al ejercer control sobre las fronteras, que son de jurisdicción federal.
La decisión de la Corte Suprema llega luego de otra ya emitida por el juez de distrito David Ezra la semana pasada, quien recordó que las leyes migratorias son tarea federal y no de un estado.
Pero el gobierno de Texas acudió a una corte de apelaciones el fin de semana para desactivar esa resolución y recibió el visto bueno para que la ley pudiera aplicarse desde este 5 de marzo, como estaba previsto.
El Departamento de Justicia pidió la intervención de la Corte Suprema y fue el juez supremo Samuel Alito quien paralizó este lunes la entrada en vigor de la ley SB-4, considerada por activistas como una de las más severas contra la migración aprobada en la historia estadounidense reciente.
En diciembre de 2023, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó esta ley aprobada por el Parlamento de Texas, justificándose en el derecho que tiene su estado de defenderse ante una "invasión", cuando los cruces de migrantes, principalmente de América Latina que buscan mejores condiciones de vida, alcanzan cifras récord.
Abbott, aliado del republicano Donald Trump, culpa al demócrata Biden de la crisis migratoria. De no mediar sorpresas, Trump y Biden se enfrentarán en noviembre en elecciones presidenciales, y el tema migratorio es clave en el apoyo popular.
La norma permite a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
Los detenidos pueden ser llevados a la justicia estatal, donde bien podrían aplicarles penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México, sin considerar si este país puede aceptarlos. Ya el gobierno mexicano había rechazado esta norma.
"La inmigración no constituye una 'invasión' (...) ni Texas está participando en una guerra", había dicho el juez Ezra.
Abbott ha militarizado un parque en la ciudad de Eagle Pass con acceso al río Grande, frontera natural entre Texas y México, ha tendido cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera e inició la construcción de una base militar.
Actualmente, los miles de migrantes que atraviesan hacia Estados Unidos se entregan a la policía de fronteras, pidiendo asilo. Muchos de ellos logran esperar una respuesta en libertad, en territorio estadounidense.