Con la aprobación de gestionar fondos hasta por $1,000 millones por medio de la emisión y colocación de Títulos Valores de Crédito aprobada el pasado miércoles, la actual legislatura le ha autorizado al gobierno un endeudamiento por más de $12,154.1 millones.
La aprobación se hizo de manera exprés, por medio de dispensa de trámites en la sesión plenaria y sin mayor discusión sobre el destino que tendrán los fondos que se obtengan de esa colocación de deuda pública, pues el decreto solo establece que “los fondos obtenidos de la emisión de Títulos Valores de Crédito, se destinarán para atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado, incluyendo la realización de operaciones de manejo de pasivos, en una o varias transacciones”.
La lectura de la pieza de correspondencia duró un poco más de diez minutos y en esta se consigna la petición del ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien alegó “la necesidad” de atender “diferentes y emergentes” obligaciones generales del Estado.
Cabe recordar que cuando se aprobó la Ley de Presupuesto de la Nación de 2024 también se autorizó la búsqueda de recursos por $338.6 millones para cubrir la brecha presupuestaria, es decir, los fondos faltantes para cubrir los gastos estatales para este año fiscal.
Pero esas autorizaciones de endeudamiento no han sido las únicas que dio la Asamblea Legislativa de corte oficialista, pues desde diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2024 ha aprobado nueve autorizaciones de emisión de Títulos Valores de Crédito, por un monto superior a los $6,512.6 millones y 44 operaciones de créditos externos y garantías soberanas que suman más de $5,641.5 millones. Además de eso, este 2024 están en espera de ratificarse siete operaciones de crédito más por $719 millones.
Aprobación exprés
A las 7:04 de la noche del miércoles, con 61 votos de Nuevas Ideas y sus aliados se aprobó la petición del diputado Christian Guevara para que se modificara la agenda de la sesión plenaria para introducir dos piezas de correspondencia, una de ellas referente a la autorización de la emisión de deuda. A las 7:20 de la noche se aprobó la primera, que fue una reforma al Código Tributario.
Un minuto después, a las 7:21 de la noche, se inició la lectura de la solicitud del gobierno, 12 minutos después se aprobó la dispensa de trámites con 61 votos y se abrió a discusión de los parlamentarios. Luego de breves intervenciones de Giovanny Saldaña, de Nuevas Ideas; Claudia Ortiz, de Vamos, y Christian Guevara, también de Nuevas Ideas, se sometió a votación el fondo de lo solicitado y también se aprobó con 61 votos a las 7:42 de la noche, es decir, un lapso de 21 minutos.
En su intervención, el diputado Saldaña intentó justificar la aprobación de la nueva deuda. “Este tipo de operaciones ya estaban previstas a realizarse, según la proyección que se había en el presupuesto general de la nación, debido a la cantidad grande o importante de proyectos que se están realizando en el país”, expresó.
La diputada Ortiz calificó como “irresponsable” que se pasara por dispensa de trámites y no se discutiera en la comisión respectiva, ya que no estaba presupuestado y señaló que el riesgo de país en los mercados internacionales es alto.
“La pregunta es en el mercado nacional ¿a dónde se van a colocar?, ¿van a seguir obligando a los bancos a comprarlos?, ¿van a seguir tomando el dinero del fondo de pensiones?”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
También indicó que el manejo de pasivos se usa para pagar deuda que existe y “no para sanear” las finanzas públicas.
No especifica destino
El economista Rafael Lemus explicó que la autorización no está dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio 2024 y que el destino del dinero que se obtenga no se especifica a detalle.
“Son conceptos tan generales que lo primero es ambos deberían estar contemplados en el presupuesto. Dos, estamos arrancando el año, no puede ser que tú digas tengo un imprevisto de mil millones de dólares o tengo una emergencia de mil millones de dólares”, expresó este jueves en el programa Encuentro TVX.
Comparó en casos como la ocurrencia de la pandemia o desastres por fenómenos naturales que sí generarían obligaciones emergentes. “Pero acá no pasa absolutamente nada, ¿y cuál es el precedente? Hasta diciembre del año pasado, el presidente de la República o el gobierno, ha sumado, ha incrementado la deuda del país más de diez mil millones de dólares”, agregó.
Señaló que “el ritmo” de endeudamiento de la actual administración es aproximadamente de $300 millones por mes.
“Es algo tan desproporcionado para la realidad del país que el Fondo Monetario ha sido bien contundente, la deuda del país está en trayectoria insostenible”,
Rafael Lemus, economista
Comentó que actualmente la tasa de interés para la colocación de estos bonos rondaría entre el 12% y 13%, “todavía es carísimo”, afirmó.
“Este gobierno sigue en una borrachera de deuda, no hace ajustes, está como si esto no tiene frenos”, señaló Lemus y cuestiona la rapidez con la que se aprueban con dispensa de trámites.
De acuerdo a la conformación del presupuesto del Ministerio de Hacienda hay 13 líneas de trabajo que están bajo la Unidad Presupuestaria de Obligaciones Generales del Estado: Clases Pasivas, Aportes al Régimen General de Salud del Seguro Social, Contribuciones a Organismos Internacionales, Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores, Devolución IVA a Exportadores, Financiamiento a las Operaciones de Reporto del Banco Central de Reserva (BCR), Seguro de Vida de los Empleados Públicos, Devolución Impuesto Sobre la Renta, Financiamiento al Régimen de Pensiones IPSFA, Financiamiento de Compensación de Gastos al BCR, Financiamiento de Obligaciones Crediticias ExISDEM, Complemento de la Deuda Política y Provisión para Atender Obligaciones de la Seguridad Social.
Sin embargo, el decreto también incluye que se pueden usar en “operaciones de manejo de pasivos” que sería para pago de deuda. “Incluso podría ser cuentas por pagar a proveedores”, dijo la diputada Anabel Belloso, del FMLN.
Para la legisladora, esta aprobación demuestra un mal manejo financiero por parte del gobierno. “Es otra prueba más del mal manejo de las finanzas públicas. Y que el presupuesto es una farsa”, concluyó.
Autorizaciones de emisión de Títulos Valores
La actual Asamblea Legislativa ha aprobado nueve decretos de autorización de emisión y colocación de Títulos Valores de Crédito para el gobierno y autónomas:
- 07/12/2021 Autorización de $1,000 millones para Fovial
- 07/12/2021 Autorización de $600 millones para ANDA
- 21/12/2021 Autorización de $498.4 millones brecha presupuestaria 2022
- 15/11/2022 Autorización de $436.2 millones para cubrir obligaciones 2022
- 22/12/2022 Autorización de $1,139.3 millones brecha presupuestaria 2023
- 20/06/2023 Autorización de $1,000 millones para conversión de deuda de corto a mediano y largo plazo
- 15/08/2023 Autorización de $500 millones para obligaciones generales del Estado
- 20/12/2023 Autorización de $338.6 millones brecha presupuestaria 2024
- 28/02/2024 Autorización de $1,000 millones para obligaciones generales y manejo de pasivos
Pendientes por ratificar
A la deuda ya aprobada falta por ratificar siete operaciones más, que ya cuentan con autorización para que se firmen los contratos. Uno es un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $150 millones para el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”. Otro de $150 millones con el mismo banco es para financiar el "Proyecto promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades en El Salvador", ambos autorizados el 9 de enero de 2024.
En esa fecha se autorizó al gobierno a otorgar la garantía soberana del Estado para el préstamo entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $93 millones para el “Programa de acceso universal a la energía en El Salvador”. También se autorizó al gobierno a firmar un préstamo de $100 millones con el BID para el “Programa para la protección social responsiva a choques en El Salvador”.
El 15 de febrero se autorizó la suscripción de dos contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), uno por $68 millones para el “Programa para el fortalecimiento de espacios públicos para la sostenibilidad de la seguridad y la recuperación del tejido social en El Salvador”; y otro de $75 millones para el "Programa de mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa (Trifinio) y puerto de La Libertad, en El Salvador".
Y la más reciente autorización se dio el 20 de febrero para que el gobierno suscriba un acuerdo de préstamo con el Fondo Saudita para el Desarrollo, del Reino de Arabia Saudita, por un monto de $83 millones, para financiar el proyecto “Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Biogás en el Río Acelhuate”.