El Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 311 agresiones contra dichos profesionales durante el 2023, lo que representa un aumento de más del 400% de los casos desde el 2018, que fue el año que comenzó a realizarse el registro de dichos hechos.
Los mismos también indican que, en comparación con el 2022, hubo un aumento ya que para entonces fueron documentadas 147 agresiones.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, señaló que “la asociación está monitoreando vulneraciones desde enero de este año; previo al evento electoral, hasta el día miércoles llevamos diecisiete casos. Comparado con el año 2021, en las elecciones pasadas, la tendencia, hasta el día de las elecciones, era veintiséis. Durante todo el evento electoral del 2021 fueron 84 casos”, señaló durante la presentación de los datos del Centro de Monitoreo.
Lea además: Repartidores de paquetes del gobierno retienen y agreden a mujer fotoperiodista
Una de las últimas agresiones en contra del trabajo periodístico ocurrió a inicios de semana en contra de una fotoperiodista de El Diario de Hoy.
Un grupo de repartidores del Programa Presidencial de Ayuda Alimentaria (PPAA) retuvo y agredió a la fotoperiodista de El Diario de Hoy en el municipio de Santo Tomás, departamento de San Salvador.
Los agresores fueron personas que distribuían paquetes con alimentos “en nombre del presidente Bukele”.
La comunicadora relató que regresaba de una cobertura cuando casualmente vio en una esquina de la carretera a Comalapa, cerca de la delegación de la Policía Nacional Civil, una pila de cajas con el logo del PPAA que mostraban daños, como aplastamiento y derrame del aceite en el interior de las cajas.
Por ello, comenzó a tomar fotografías ya que las cajas estaban en la vía pública. Sin embargo, varios repartidores, identificados con camisetas con el logo del gobierno y las iniciales PPAA, la rodearon y le dijeron que “era prohibido”.
Cuando la fotoperiodista caminó hacia el vehículo donde se transportaba, una de las personas la sujetó por la correa de la cámara y la jaloneó violentamente para evitar que se fuera, según relató.
La APES señaló en su informe que entre las agresiones “más preocupantes” contra los periodistas salvadoreños está la intimidación, con 21 reportes.
Además de la calumnia (19 reportes), retenciones arbitrarias (11 casos), los seguimientos (5 denuncias), las amenazas verbales (3 reportes) y la detención arbitraria de familiares, con dos casos.
Los datos de la Asociación también consignaron que las dos agresión más recurrentes son las declaraciones estigmatizantes y el acoso digital.
“Cuatro de cada 10 agresiones son alguno de estos dos tipos. Entre los agresores más recurrentes están los diputados de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, soldados, policías y los medios estatales”, agregó en un comunicado.
La APES expresó, en el documento, su preocupación porque existe un “deterioro de la situación de la libertad de prensa y libertad de expresión”.
Le puede interesar: Las promesas de campaña de Bukele no cumplidas, las cumplidas y las que cambiaron de dirección
“Desde 2019, las autoridades de turno han mostrado poca voluntad hacia la rendición de cuentas y poca tolerancia a la crítica periodística y al disenso. En 2023, además, las autoridades mantuvieron vigentes diversas leyes y reformas que atentan contra la libertad de expresión y prensa. La APES expresa además su más rotundo rechazo al incremento de casos y agresiones contra periodistas y hace un llamado a las autoridades no solo a que respete el ejercicio periodístico sino también a que se pronuncie y se posicione contra cualquier tipo de violencia o intimidación que menoscabe la libertad de expresión”, señaló.
La presidenta de la Asociación también lamentó que, a pocos días para que se celebren elecciones en el país, hay autores ausentes para el diálogo con la prensa, en referencia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Agregó que en elecciones pasadas, la APES tenía un convenio con dicha institución para que sus delegados fueran intermediarios en caso de alguna vulneración a los periodistas.
“Eso para esta elección no está garantizado porque no hay un diálogo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, no porque esta Asociación no lo quiera sino porque desde la Procuraduría han cerrado las puertas. Aprovecho este espacio para solicitar públicamente a la Procuraduría que actúe en su papel de defensa de derechos humanos y articule acciones para evitar vulneraciones en contra del ejercicio periodístico”, agregó Cárcamo.