Casi todos los gobiernos de América Latina se pusieron al lado de la transición democrática en Guatemala y en contra del intento de golpe de Estado. Menos el salvadoreño.
Ponerse del lado equivocado tiene su costo. Si el gobierno salvadoreño no hubiera estado tan sospechosamente callado durante todo el drama guatemalteco, con ninguna crítica a los múltiples intentos de obstruir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, y sin ningún gesto de solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco – tal vez ahora podría hablar con solvencia con el nuevo gobierno guatemalteco sobre cómo evitar la contaminación de nuestro Rio Lempa por las operaciones de la mina guatemalteca Cerro Blanco cerca de la frontera con nuestro país.
La compañía canadiense Bluestone recibió el 9 de enero, a apenas 5 días del cambio de gobierno en Guatemala, de los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales el permiso de operar su mina de oro Cerro Blanco a cielo abierto. Esta es la forma más contaminante de operar una mina. Constituye una seria amenaza para El Salvador.
El permiso fue un último regalo de una administración corrupta a sus amigotes: carta blanca para contaminar al rio más importante de El Salvador. “Después de mí, el diluvio” es la famosa frase del rey francés Luis XV, poco antes de que muriera. Y tenía razón: Poco después de su muerte hubo hambrunas, estallidos sociales y una revolución violenta que terminaba con la monarquía...
En el caso de Giammattei la frase talvez fue: “Después de mí, el caos.” Pero lo que vino después de su nefasto gobierno, fue una revolución democrática. Sin embargo, también vendrá una contaminación masiva y peligrosa de las aguas salvadoreñas – si no se revierte la decisión de última hora del gobierno saliente guatemalteco. Y para nuestro presidente, la frase sería tal vez: “Después de mi, la muerte del río Lempa...”
Hay que presionar al nuevo gobierno guatemalteco que revoque el permiso de operación que el gobierno Giammattei dio para la mina Cerro Blanco - como regalo de despedida a sus amigotes, compensando los sobornos recibidos. Pero, ¿cómo se presiona a un gobierno vecino, si uno no ha movido un dedo ni abierto la trompa cuando estaban al punto de hacerle un golpe de Estado antes de poder asumir el poder? ¿Con qué cara, luego de la complicidad entre dos gobernantes salientes aferrados a las frutas prohibidas del poder?
La tarea de hablar con el nuevo gobierno guatemalteco la tendrán que asumir los movimientos medioambientalistas salvadoreños, que durante años han hecho campaña contra la mina Cerro Blanco; y los movimientos opositores en nuestro país, que sí se han mostrado solidarios con la lucha democrática en Guatemala. Son los únicos que tienen la solvencia de ir a Guatemala y hablar con las nuevas autoridades para que revoquen el permiso de contaminar nuestro país.
Nuestro gobierno de todos modos está bajo la sospecha de querer revertir la prohibición de la minería en El Salvador. Solo así se explica la rabia, con la cual están persiguiendo a la comunidad Santa Marta en Cabañas, que ha sido la principal promotora del movimiento nacional contra la minería en El Salvador.
Lo mínimo que el gobierno salvadoreño debería hacer es por lo menos no obstruir la solución al problema, cuando los medioambientalistas salvadoreños asuman la tarea de ponerse de acuerdo con el nuevo gobierno guatemalteco.
Sin más que agregar,
Paolo Lüers