Familiares de Rubén Zamora presentaron este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) dos cartas para pedir al fiscal general que solicite el sobreseimiento definitivo (liberar de cargos) para el ex legislador, acusado por la jueza Mirtala Portillo de Cruz por el delito de encubrimiento personal.
Aracely Zamora, hermana del acusado, explicó que presentaron dos cartas, una enviada por Zamora y una carta de la familia con más de 3,000 firmas familiares, amigos y salvadoreños de la diáspora recolectadas a través de la plataforma change.org para solicitar la anulación de la imputación contra el líder político.
“Nosotros esperamos que el fiscal sea un hombre razonable, pegado a la justicia y con conocimiento de la ley, de tal manera que de una opinión que esta es una acusación sin sentido, no tiene ningún fundamento” manifestó Zamora.
En la petición los firmantes exponen que la jueza Portillo acusa a Zamora “sin justa causa ni sustentación jurídica” debido a que el ex legislador no apoyó la discusión de la propuesta de la ley de amnistía de 1993, ni firmó su aprobación en pleno.
“El discurso del diputado ese día, que consta en el acta oficial de la Asamblea Legislativa, fue de rechazo total a dicha ley. El acta oficial establece que en señal de protesta abandonó junto a sus compañeros de bancada, el recinto legislativo” señala el documento dirigido al fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado Montes.
En la carta enviada por Zamora al fiscal general, le explica que él no participó en la discusión de la propuesta de ley, que en su discurso de ese mostró su rechazo total ante el pleno y tampoco aprobó dicha ley, tal como consta en el acta oficial de la Asamblea.
“He dedicado los últimos 50 años de mi vida a la lucha por la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia social, y también he sido una voz crítica de las frecuentes violaciones a la Constitución y legislación cometidas por el actual gobierno” manifiesta el político.
Actualmente Zamora tiene más de 80 años y la familia asegura que está afectado “por la persecución política en su contra”.
“Han hecho esta farsa con la intención de acallar una de las voces que últimamente ha sido de las más fuertes en la crítica del gobierno de Bukele” concluyó la hermana del doctor Zamora.
Más muestras de solidaridad
Mientras tanto, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) condenó la emisión de la orden de arresto contra Zamora, quien ha criticado duramente al gobierno de Bukele por su destrucción deliberada y sistemática del Estado de derecho, de la Constitución salvadoreña y por sus atroces y masivas violaciones de los derechos humanos, especialmente durante los últimos 22 meses de estado de excepción. Más recientemente, condenó la inconstitucional candidatura de Bukele a la reelección en 2024.
Para la entidad latinoamericana, la orden de arresto carece de fundamento jurídico y se ajusta a un patrón de persecución continuada de disidentes políticos, que ha incluido recientemente el sobrevuelo de viviendas de disidentes con drones. "Como consecuencia de esta orden, el Dr. Zamora ha pasado a la clandestinidad, donde permanece para evitar ser encarcelado en prisiones donde los documentados malos tratos a los reclusos han dado lugar a acusaciones de “crímenes contra la humanidad” por parte de destacadas organizaciones de derechos humanos y del Gobierno español.
"La orden de arresto contra el Dr. Zamora representa una preocupante tendencia a silenciar a
educadores y disidentes y a someter a las instituciones de enseñanza superior a acoso e intimidación
continuados. Los informes muestran que se ha detenido y torturado a profesores bajo custodia
policial", denuncia la LASA.
En los dos últimos años, reseña la entidad, la Universidad Centroamericana, dirigida por jesuitas (y sobre todo su
Instituto de Derechos Humanos), ha sido objeto de una continua campaña de desprestigio por parte de los diputados del Congreso salvadoreño. "Los académicos salvadoreños que critican al gobierno en las redes sociales son insultados, acosados e intimidados sistemáticamente por cuentas vinculadas a las conocidas “granjas de trolls” patrocinadas por el Gobierno; algunos simplemente han dejado de conceder entrevistas y de aparecer en programas televisivos", subrayó.
"LASA hace un llamamiento al Gobierno salvadoreño para que desestime inmediatamente estos cargos y cese la persecución política contra el Dr. Zamora y otros críticos del gobierno. Además, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que exija el fin de toda represión política contra académicos, disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas en El Salvador", declaró.
El doctor Zamora ha sido vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión Nacional de Paz (COPAZ), fundador de la Convergencia Democrática, exembajador de El Salvador en la India, las Naciones Unidas y los Estados Unidos, exprofesor universitario y destacado académico, exprofesor visitante Tinker en la Universidad de Stanford.
El caso
El pasado 22 de diciembre de 2023, la jueza Mirtala Portillo de Cruz ordenó la detención provisional de varios exfuncionarios y nueve exdiputados por la masacre de El Mozote, una de las mayores matanzas cometidas por la Fuerza Armada durante el conflicto armado reciente.
La orden de captura incluye al expresidente Alfredo Félix Cristiani Bukard y a los integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, entre ellos, Ruben Zamora.
La jueza Portillo fundamenta su decisión argumentando que la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 permitió el procedimiento judicial de los responsables de la masacre y garantizó la impunidad de los responsables de graves abusos cometidos durante el conflicto armado.
En 1990, un juez abrió una investigación sobre la masacre perpetrada en El Mozote y alrededores, pero la aprobación de Ley de Amnistía de 1993 frenó el avance de las investigaciones y el proceso penal.
Zamora era entonces vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
En el fallo, la jueza sostiene que Zamora votó a favor de esa ley, pero según consta en una copia de la misma, obtenida de los archivos de la Asamblea Legislativa por el periódico El Faro en 2014, Zamora no votó y se opuso públicamente a la ley.
La ley de amnistía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2016, lo cual permitió la apertura del caso.
En total, 18 militares y el exministro de Defensa fueron acusados por el juez Jorge Guzmán por los delitos de homicidio, violación sexual, desaparición forzada y tortura, sin embrago el caso no avanzó debido a que la investigación fue obstruida por el gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y posteriormente Nayib Bukele al negar el acceso a los archivos militares.
Tras la destitución de los jueces por parte del actual gobierno, el caso fue designado a la legisladora Mirtala Portillo.