Por PUESIESQUE…como lo prometido es deuda, seguimos con la serie de LAS GRANDES MENTIRAS DE BUKELE y hoy exponemos el “capítulo” II: la GRAN CORRUPCIÓN del bukelato.
Veamos algunas de las promesas y compromisos del bukelato en el mamarracho que denominaron “Plan Cuscatlán”, que constituye el documento que reúne los ofrecimiento y propuestas del bukelato, aunque en realidad es una simple colección de ofrecimientos vacíos, que jamás en su vida pensó Bukele cumplir: como decía el buen amigo Paco, “Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.
Veamos algunas de las promesas de Bukele para luchar contra la corrupción y lo que ha sucedido en la realidad:
Primera: Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES): ¡gran farsa!...¡nunca se cumplió ese compromiso!
De acuerdo al Plan Cuscatlán, la CICIES sería una comisión acordada con la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero al final, la ONU ¡no se prestó al show! y decidió no participar. Pero como en 2019, el secretario general de la OEA todavía estaba encandilado con el bukelato, la OEA sí aceptó formar parte de la farsa.
Aclaremos algunos temas:
- No fue una promesa de campaña cumplida, pues la CICIES no se parecía, ni de lejos, a comisiones internacionales sobre las que decía basarse, como la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).
- No estaba respaldada por una ley, sino por un simple acuerdo de Casa Presidencial (CAPRES), lo que la hacía -y así ha resultado- totalmente dependiente de la voluntad de Bukele.
- La CICIES no contaba con potestades de investigación, al grado que entidades del Órgano Ejecutivo se negaron a entregarle información, así que su papel se reducía, en esencia, a un mero “asesor” de la Fiscalía General de la República (FGR), pero sin poder de decisión.
A pesar de todas esas deficiencias, la CICIES no duró ni año y medio… ¿qué fue lo que pasó?...pues con la CICIES, en abril de 2021, hizo público que había enviado a la FGR 12 avisos de posibles hechos de corrupción en 5 instituciones estatales, ocurridos durante el manejo de los fondos para combatir la pandemia de covid-19.
Eso provocó que a junio de 2021, prácticamente al mes de llegado un “nuevo” FGR, totalmente servil al bukelato, diera por terminado el convenio entre la CICIES y la FGR y se escondiera toda la información sobre las investigaciones de corrupción.
Así que, a la fecha, los salvadoreños seguimos sin saber cómo y en qué se utilizaron los miles de millones de dólares autorizados a CAPRES durante la pandemia…¡cualquiera podría pensar que esos miles de millones están resguardados en un paraíso fiscal!
Segunda: En el Plan Cuscatlán, el bukelato se comprometió a designar a una persona de la oposición política como Comisionado Presidencial contra la impunidad, para monitorear la actividad en las instituciones gubernamentales y avisar al detectar que alguien hacía eso indebido de los recursos públicos: ¡eso ni siquiera lo intentaron!...¡nunca se nombró a tal comisionado! Y es que los del bukelato, participantes de los que Estados Unidos llamó un esquema de gran corrupción, jamás aceptarían tal supervisión.
Tercera: Transparencia en las compras públicas, ya que en el Plan Cuscatlán, el bukelato prometió “trasparentar los procesos de compra de bienes y servicios públicos”, sin embargo, ¡ha hecho todo lo contrario!
En efecto, inició incluso antes de la pandemia, pero el bukelato, por una parte, derogó la ley que regulaba la adquisición de bienes y servicios, que disponía reglas elementales como publicidad y licitación, sustituyéndola por una nueva ley en que la regla en la discreción del funcionario, creando las condiciones para que los contratos se otorguen a dedo, a cheros y compadres del candida-presidente y su círculo de secuaces; por otro lado, se han dictado leyes especiales para evitar la aplicación de su propia ley, todo para seguir con el nepotismo, amiguismo y compadrazgo; y, finalmente, en todo caso, para esconder más la información, prácticamente todos los datos sobre compras públicas -esto es, contratista, monto, plazo, obra o servicio específico- se han declarado bajo reserva, es decir, secretos oficiales, hasta por 7 años.
Para garantizarse el ocultamiento de la información, el bukelato acudió, además, a prácticamente el desmantelamiento y la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que pasó de ser una institución respetable para los términos de nuestro exiguo desarrollo democrático, a una entidad de fachada, que simplemente se dedica a engavetar los casos y ser cómplice en el ocultamiento de la información pública.
Y es que, ya sabemos, que cuando la información pública se oculta, es porque se está escondiendo la escoria de las movidas de funcionarios, sobre todo en los más altos niveles de la organización estatal.
Ante esos incumplimientos de las promesas de Bukele -y hay muchas más de las que ha asumido ignorancia- queda clarísimo que la publicitada “guerra contra la corrupción” es una farsa total, simple y llanamente porque el bukelato no investiga ni investigará la enorme corrupción de sus propios funcionarios: quizá, de vez en cuando, solo para hacer la pantomima, sacrificarán algún peón o “gato”, pero es improbable que inicien procesos judiciales serios, pues se limitarán a retirar al funcionario involucrado en corrupción cuando el escándalo supere los niveles aceptable para el país (y vaya que los salvadoreños tienen, por deformación histórica y cultural, una impresionante aceptación de la corrupción gubernamental).
En la próxima colaboración seguimos reseñando y reflexionado sobre LAS GRANDES MENTIRAS DE BUKELE: vamos a platicar sobre pensiones.
Abogado constitucionalista.