El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que tiene previsto reunirse con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, para solicitarle su renuncia al cargo, ya que la acusa de fraguar un intento de "golpe de Estado" para impedir que él asuma la presidencia.
“Yo espero que Consuelo Porras renuncie el día que yo tome posesión y se lo voy a reiterar”, dijo recientemente Arévalo, en declaraciones publicadas por Prensa Libre, al ser cuestionado sobre cómo visualizaba el escenario de gobernar con la fiscal aún al mando.
“La Corte de Constitucionalidad fue clara y ya llegado el 14 de enero empezaremos a tomar medidas, vamos a reunirnos con la fiscal general para pedirle la renuncia”, dijo Arévalo, según consigna Prensa Libre.
La reunión con la fiscal será solicitada “lo antes posible”, indicó el equipo de comunicación del presidente electo. No se confirmó si la reunión se solicitará antes de la toma de posesión.
Como presidente electo, Arévalo vivió el proceso de transición más polémico de la historia de Guatemala, ya que desde el 12 de julio de 2023 la Fiscalía ha intentado de diversas formas anular su victoria e incluso inició procesos penales para intentar evitar su asunción.
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Arévalo de León advirtió el 1 de septiembre pasado que la fiscal general Porras llevaba a cabo un "golpe de Estado" en su contra.
En una entrevista con EFE esta semana, el presidente electo guatemalteco aseguró que los promotores del "golpe de Estado" en su contra están "desesperados" a pocos días de su investidura.
El académico, de 65 años, llega al poder con un discurso anticorrupción para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó días atrás alarma por la situación en Guatemala y pidió que cesen los actos de intimidación, el procesamiento y persecución de quienes luchan contra la corrupción.
Señaló que se ha constatado un aumento de la criminalización de los operadores de justicia en los últimos doce meses en Guatemala, lo que claramente va contra la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.