La Fiscalía General de la República pidió ayer al juzgado Tercero Contra el Crimen Organizado que decrete la detención provisional a ocho acusados de comercialización irregular de lotes, estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
El 5 de diciembre anterior, la Fiscalía allanó la sede de la Corporación ARGOZ S. A. de C. V. señalada de vender terrenos en la zona rural sin poseer los permisos como propietarios o lotificadores.
Ese día, el Ministerio Público informó que la sociedad vendía los terrenos a precios que iban desde $1,000 a $5,000 dando facilidades de pago a las víctimas.
Los contratos de promesa de venta se emitían a nombre de otras sociedades, estos eran pagados a cuotas bajas por los compradores que después, al terminar de pagar e intentar inscribir la propiedad en el Centro Nacional de Registros, les informaban que el terreno comprado no era parte de ARGOZ.
Al menos 116 casos de irregularidades en la venta de los inmuebles habrían sido cometidos por ARGOZ y otras seis sociedades que la Fiscalía identificó como Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V., Protege S.A. de C.V., Gómez Farfán S.A. de C.V., Nido de Águila SA. De C.V., Katamarán S.A. de C.V. y Sociedad Fomento Inmobiliario S.A. de C.V.
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La Fiscalía también indicó que Rodrigo Javier G. F. y Leticia F. de G., madre e hijo fueron capturados en el Aeropuerto Internacional El Salvador cuando regresaban de Miami, Estados Unidos. Allanaron su vivienda en donde incautaron cinco vehículos y $37,919. Ayer, en la solicitud de imposición de medidas no se revelaron los nombres de los otros seis imputados.
“Durante un tiempo prolongado, estas personas han dirigido un conglomerado de sociedades cuyo fin ha sido el de comercializar lotificaciones, si bien es cierto esta es una actividad comercial esta autorizada, para poder vender lotes a la población salvadoreña se debe contar con permisos, con los que Corporación ARGOZ y otras sociedades no cuentan”, explicó el fiscal.
La FGR señaló también que la empresa operaba al margen de la ley desde 1995 y que los compradores no recibían de parte de ARGOZ documentos que los acreditaran como los nuevos propietarios del terreno.
“Los imputados sabían que no tenían los documentos idóneos para poder acreditar la propiedad y transferirla a las personas que adquirieron los lotes”, añadió el fiscal.
La audiencia inicial quedó programada para el 20 de diciembre próximo en la que un juez decidirá si los imputados enfrentarán el proceso bajo prisión.