Un total de 946 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, según el último informe de datos sobre violaciones a derechos humanos por Cristosal.
Esa organización señala que de las denuncias registradas el 45.3% de los desplazamientos fueron provocados por amenazas y acoso por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) e integrantes de las Fuerzas Armadas, un 34.9% por integrantes de pandillas, mientras que un 19.8% fue cometido por desconocidos, particulares y otros.
Con esto Cristosal contabiliza 3,516 casos de denuncias de derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el contexto del régimen de excepción. El 57.6% de las víctimas son hombres y mujeres jóvenes en el rango de edad de 18 a 30 años.
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En cuanto al género de las víctimas el 85.1% son hombres, 14.5 mujeres y 85 personas de la población LGTBIQ. La mayoría de las denuncias está relacionada a capturas arbitrarias e ilegales que registran un 96.8%. Asimismo 373 personas evidenciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes y 159 violaciones directas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entre las vulneraciones más graves registradas por esa organización está la muerte de 208 personas bajo custodia del Estado. En junio de este año el fiscal general Rodolfo Delgado confirmó en una entrevista televisiva que desde el inicio del régimen de excepción hasta esa fecha se habían registrado 142 muertes de reos en centros penales, pero que, hasta el momento no había encontrado "un delito que perseguir".
Hace tres días, Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, dijo en la entrevista de TVX que ellos registran 213 muertes en las prisiones y aseguró que el 60% presentaban signos de posibles golpizas y torturas, el 30% por falta de tratamiento médico y de los demás se desconoce la causa.
La abogada explicó que de las personas muertas en penales, con base a datos sistematizados por Socorro Jurídico, solamente el 6% estaban perfilados como pandilleros, mientras que el 94% eran personas que no tenían vínculos con estructuras criminales.