Sentada en la pequeña sala de su casa, hecha de bahareque, Roxana* recuerda el día que una tormenta destruyó su primer hogar. En 2009, el huracán Ida dejó alrededor de 198 fallecidos y otras 13,000 personas fueron evacuadas debido a todos los daños que causaron las fuertes lluvias en El Salvador.
Entre las personas que tuvieron que dejar sus viviendas estaban esta mujer de 47 años, sus cuatro hijos y su esposo.
Para entonces, Roxana menciona que las condiciones en las que vivía tampoco eran las adecuadas; les había costado mucho esfuerzo construir su casa y tener los servicios básicos como luz y agua. Su esposo Noé, que se dedicaba a trabajar la tierra, pasaba con los cultivos largas jornadas para poder llevar el sustento a su familia.
En la madrugada del 8 de noviembre de 2009, Roxana recuerda que escuchó un estruendo de árboles en medio de la tormenta. Tomó a sus niños y decidió salir de casa, para entonces ubicada en el cantón Caña Brava, en Santo Tomás, municipio de San Salvador.
Salir de la vivienda les salvó la vida. Sin embargo, no hubo nada que pudieran recuperar, todo quedó bajo tierra y ramas. Un alud que sepultó sus esperanzas y la sumió en la incertidumbre. A partir de ese momento, Roxana tuvo que desplazarse, buscar un nuevo lugar donde comenzar a construir una casa desde cero que les permitiera, al menos por los siguientes meses, vivir fuera de peligro. Así Roxana y su familia se convirtieron en desplazados climáticos.
Según la Fundación Aquae, así se les llama a las personas que se encuentran fuera de sus hogares y de la zona en la que habitualmente viven debido al cambio climático o a desastres naturales y que han debido realizar una migración forzada.
Un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del 2022 (IDMC) establece que en El Salvador, entre 2008 y 2021, se contabilizan 119,489 desplazamientos internos por causa de desastres generados por eventos repentinos.
En 2011 hubo 59,900 y en 2020 fueron 16,800, ambos se destacan como los años que más desplazamientos internos se reportaron debido a las afectaciones relacionadas a la tormenta 12E, en octubre de 2011; mientras que en el año 2020 se tuvo la influencia de las tormentas Amanda y Cristóbal y de los huracanes Eta e Iota, este último alcanzó la categoría 5 y fue uno de lo más letales en las últimas décadas en Centroamérica.
Según Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en la actualidad el cambio climático en El Salvador se refleja en tres factores: más calor, lluvia o sequías que impactan todos los medios de vida como la agricultura, la pesca, el comercio. Además, el país es catalogado como uno de los más vulnerables del planeta y el cambio climático exacerba esa realidad. Para las poblaciones más vulnerables la solución es migrar, pero el dilema es: ¿dónde? ¿Y cómo subsistir?
Barreras económicas
Once años más tarde de lo sucedido a Roxana y su familia, los efectos de la crisis climática siguen sin ser abordados en El Salvador. Debido a ello, personas como Nereida Carballo, cada vez que escuchan en las noticias que se acerca una tormenta, son inundadas por el miedo.
En el 2020, la tormenta Amanda fue la que reveló que Nereida con su hijo de 16 y su hija de siete años vivían casi en el aire; una cárcava sostenía su sala en la Comunidad Cartografía, municipio de Ciudad Delgado en San Salvador.
“Empezamos a escuchar que cuando llovía se oía hueco y llamamos a un albañil para que nos viniera a revisar. Según nosotros era algo pequeño, pero él quitó unos ladrillos y vimos que era una cárcava enorme”, relata Carballo. Más adelante, Nereida se enteró que unas tuberías del edificio, ubicado detrás de su casa, de la ya extinta Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), colapsaron por las lluvias y eso provocó que se formara la cárcava debajo de su sala.
Nereida fue respaldada por la directiva de su comunidad para acercarse con las autoridades de la Digestyc con una carta y mencionar lo que estaba ocurriendo.
Fue así que obtuvieron ayuda, aunque demorada, cuatro meses después de parte del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, hasta septiembre de 2020, siete meses más tarde, se puso en marcha la obra de mitigación en su casa.
Carballo y sus hijos en todo ese periodo tuvieron que desplazarse por tres meses a una casa comunal, porque, aunque Protección Civil le ofreció irse a un albergue, ella creyó que estaba muy alejado de la escuela de sus hijos. En ese mismo tiempo el Ministerio de Vivienda le ofreció a Nereida una solución que para ella no era tan conveniente porque era muy retirado y peligroso, recuerda la madre de familia.
“Arriesgaba la vida de mi niño de 14 años en ese entonces y no quería que le pasara algo malo, por eso yo les decía a ellos que mejor un lugar un poco más cerca, donde ellos siempre siguieran sus estudios”, narra.
El Ministerio de Vivienda le ofreció 10 mil dólares a Nereida para que buscara una casa, cuando según un estudio de la Superintendencia de Competencia, las viviendas de interés social, es decir, las de menor precio, cuestan alrededor de 19,000 dólares en la capital.
El mismo informe expone que esta alternativa es para aquellas personas que tienen un ingreso mensual de 580 dólares, pero Nereida ni siquiera tiene los ingresos de un salario mínimo. Se sostiene con su venta de charamuscas, chocobananos, pinchos y paletas. Es decir que la ayuda que le ofrecieron las instituciones tampoco solventaba su problema.
Rina Montti, directora de investigación de Cristosal, menciona que es necesario que el gobierno vea la crisis climática como una problemática más profunda, en el sentido de que necesita atención mucho más allá de la inicial en la emergencia, porque no están apoyando con soluciones duraderas que resuelvan la vulnerabilidad con la que viven las personas en sus lugares de origen.
“El Estado atiende la emergencia, el Ministerio de Gobernación por medio de Protección Civil lo que tiene es una activación de 48 a 72 horas, sacan de los lugares a las personas y las llevan a otros donde se les da asistencia monetaria, que es indispensable pero insuficiente, tomando en cuenta que luego de estar en un albergue las personas van a tener que regresar donde la próxima vez que llueva demasiado, van a salir”, explica.
Además, enumera otros aspectos menos visibles del desplazamiento por la crisis climática, como la pérdida laboral y acceso a educación. Las personas no solo pierden su hogar, sino que en muchas ocasiones su fuente de ingresos económicos. “Sobre todo cuando hablamos particularmente de las áreas rurales, porque precisamente dentro de sus hogares tienen su forma económica de sobrevivir”, enfatiza Montti.
Según los casos monitoreados por Cristosal, otro factor que se vuelve complejo para las personas desplazadas es el acceso a la educación. “En el sistema educativo hemos visto en reiteradas ocasiones que las personas salen de las localidades y se desplazan a otros lugares sin priorizar la reactivación del sistema educativo. Por un lado, es porque el sistema educativo tampoco facilita poder extraer en qué grado se quedó en un lugar el estudiante y llegar a otro”, afirma Montti.
Tormenta sin fin: el eterno retorno
La respuesta de las autoridades fue asistencialista. Durante los tres meses que Nereida se fue a vivir a la casa comunal en su colonia, las autoridades trataron de reparar su vivienda, por eso Nereida regresó al único lugar a dónde puede vivir. Eso le dio alivio a ella sobre todo porque ya tenía un espacio seguro para sus hijos. Sin embargo, bastó una tormenta para que revelara que el problema seguía allí. Luego de aquella reparación, y hasta la fecha, su casa se ha inundado al menos cuatro veces por tormentas.
“Estábamos con trapeadores limpiando. Retorciendo. Poniendo el agua en huacales, saliendo a botarla. El invierno del año pasado fue peor, incluso los niños no fueron a estudiar una semana porque nos desvelamos esperando a que se calmara el agua para que no se mojara todo lo que teníamos”, recuerda Nereida.
En lo que coinciden las historias de Roxana y Nereida es que los diferentes gobiernos les ofrecieron ayuda inmediata, más no duradera y definitoria al problema.
Después de su pérdida, el gobierno de Mauricio Funes le entregó a Roxana una nueva cocina y una refrigeradora que aún conserva.
Pero luego de más de una década, aún no han podido encontrar estabilidad económica, ni los suficientes recursos para garantizar los servicios básicos en su hogar. Tampoco han logrado tener acceso a una vivienda digna después de lo ocurrido en 2009 con el huracán Ida.
Según registros que tiene Cristosal, al menos para el 2021, hubo 321 personas en situación de desplazamiento forzado interno por el cambio climático. En 2022 hubo 1,551 afectados. El 55.1 % de los casos son mujeres que han tenido que dejar sus hogares y el 44.9 % son hombres.
El mismo estudio muestra que son las personas entre los 0 a 11 años las más afectadas (21.3 %). Le siguen las personas de 18 a 29 años (20.4 %), adultos entre los 30 a 39 años (14 %) y finalmente los adultos mayores de 60 años o más (12.4 %).
Las principales razones por las que han tenido que desplazarse son: tormentas, deslizamientos (derrumbes provocados por precipitación-lluvia) e inundaciones.
Organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos han señalado la migración y el desplazamiento por el cambio climático. “Pero lo que nos han señalado las autoridades es que no tenemos cómo justificar que las poblaciones migran por eso, a pesar de que existen registros de datos. Tampoco hay una propuesta a nivel gubernamental para atender el tema”, destaca Luis González.
La familia de Roxana, más de una década después, continúa sin tener una propuesta por parte de las instituciones gubernamentales sobre su vulnerabilidad frente al cambio climático. Los datos sobre familias desplazadas, como la de esta mujer, no han sido suficientes para que los gobiernos pasados y el actual retomen la urgencia del cambio climático y su efecto en la población salvadoreña con acciones concretas.
Al igual que Roxana, Nereida informó sobre lo que ha pasado en su hogar después de que los trabajos realizados por las instituciones del gobierno no resolvieron el problema. Le dijeron que le iban a llamar, pero al cierre de este reportaje no había recibido respuesta, mientras teme por la llegada del próximo invierno. *El nombre real de Roxana fue cambiado para resguardar su seguridad.
El Diario de Hoy intentó comunicarse con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder obtener su postura y mecanismos para responder a la problemática de desplazamiento por cambio climático y no hubo respuesta para poder hablar con las personas pertinentes.
Esta investigación fue producida gracias al apoyo del Programa de becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador.