De un total de 888 denuncias por estafa agravada presentadas por las víctimas de las lotificadoras ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019 hasta junio de este año, ninguna ha pasado a la fase ejecutoria, aseguraron los representantes de las Comunidades de Fe organizadas en Acción (Cofoa).
“Apenas están entrevistando a los lotehabientes para verificar la denuncia pero no ha habido ninguna resolución”, expuso Alberto Velásquez, director de Cofoa.
Según Velásquez , al parecer la Fiscalía no tiene el personal suficiente para atender la cantidad de denuncias de los afectados por las lotificadoras, que algunos casos llevan más de 25 años esperando por una escritura.
El director de Cofoa manifestó que los afectados solo desean que la Fiscalía actué de manera expedita, como la hace con otros casos, donde resuelven a la brevedad posible.
“Quisiéramos que la Fiscalía hiciera su trabajo correctamente porque hay casos donde ellos actúan de forma expedita (…) pero esta gente de cuello blanco, lotificadores millonarios, quién los molesta, el pueblo se deja a un segundo plano y el pueblo se cansa”, dijo.
Asimismo líderes de Cofoa explicaron que de los 8,000 casos presentados ante la Mesa Técnica de Casos Colectivos liderada por el Viceministerio de Vivienda solo se ha resuelto siete escrituras, desde que esa instancia interinstitucional fue creada hace un poco menos de dos años.
Ese equipo interinstitucional fue creado después que en julio de 2021 los afectados, reunidos en una campaña denominada Renacer, entregaron en Casa Presidencial 900 cartas para solicitar el apoyo del presidente de la República, Nayib Bukele, para resolver el tema de las lotificaciones.
La mesa dirigida por el Ministerio de Vivienda está integrada por personal del Centro Nacional de Registro (CNR), Fiscalía General de la República (FGR), Defensoría del Consumidor y Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
Sin avance
Ante la falta de avance, más de 1,000 líderes de Cofoa se manifestaron de manera pacífica frente a las oficinas de la Defensoría del Consumidor para exigir a la mesa técnica que trabaje coordinadamente y solucione el problema de los lote habientes que fueron estafados por lotificadoras no autorizadas.
Una de las limitantes es que cuando han citado a los afectados y las lotificaciones a la mesa técnica, no coinciden todos los representantes de todas las instituciones públicas participantes, retrasando los procesos.
“Venimos a exigir a la mesa técnica que todas las instituciones representadas se hagan presente cada vez que convocan a las comunidades, porque cuando convocan a la lotificadora y los afectados, solo está la técnica de la Defensoría y ¿las otras instituciones dónde están? ”, manifestó William Lobos líder comunitario de Cofoa.
Por otra parte, los manifestantes pidieron que se agregue a 14 nuevas lotificaciones para estudio de la Mesa Técnica de Casos Colectivos, a la cual se le presentaron inicialmente 75, de las cuales el 90% de las lotificadores tienen a una lotificadora específica como intermediario.
Según datos proporcionados por la ministra Sol en la Comisión de Obras Públicas son 350,000 familias afectadas con esta problemática a nivel nacional.
“No hay voluntad política para resolver esto, si hubiera voluntad política ellos pueden hacer decretos y leyes rápidas como lo han estado haciendo últimamente con dispensa de trámite y estas 350,000 tendrían ya solucionado su derecho humano a la vivienda y a la propiedad”, agregó Velásquez.
El temor de los afectados
Uno de los mayores temores de Alba Alicia Alonso es perder cuatro pequeñas porciones de terreno que fue pagando, con mucho esfuerzo con la idea de heredarles a sus hijos un lugar donde vivir.
Alba laboró por muchos años haciendo labores de jornalero, ya sea cortando arroz, cortando tomates, “tapiscando milpas” donde ganaba 5 dólares diarios.
Durante varias jornadas bajo el solo ella lograba reunir los 60 dólares para cancelar la mensualidad de los cuatro lotes de 10x20 metros cuadrados en la lotificación Llano 2, municipio de El Paisnal.
“No tengo ningún documento que represente que los lotes son míos y ahora venimos a presionar para que nos den las escrituras, porque las necesitamos”, expresó la señora que terminó de pagar los terrenos, en un lapso de 10 años.
Vladimir Rivas, residente de hacienda La Pradera, departamento de Sonsonate, es otro de los afectados; el pequeño comerciante terminó de cancelar su lote en 2011, pero hasta ahora sigue sin tener un título de propiedad que lo respalde como dueño.
“Hemos pedido ayuda al presidente Bukele y él le dio la orden a la Ministra de Vivienda para que resolviera el problema de las lotificaciones, pero hasta la fecha, la mesa técnica que ha formado, ya lleva dos años y no ha hecho nada”, lamentó.