Un grupo de transportistas salvadoreños está varado desde hace más de un mes en Panamá, debido al cierre de calles por las protestas masivas y debido a lo cual están bloqueadaslas avenidas principales de ese país.
Según el representante de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Raúl Alfaro, entre tres a cuatro transportistas han pedido a la asociación pronunciarse para interceder por su salida de Panamá.
“Algunos hablan de estar hasta 35 días, otros más de 20”, lamentó Alfaro, quien también llamó a la acción al Estado salvadoreño.
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Alfaro, representante de 2,500 transportistas, explicó a El Diario de Hoy que una acción concreta de presión podría ser con el ingreso de mercancía panameña al país.
El Salvador pide corredor humanitario
Este domingo la Cancillería llamó a las autoridades y a los líderes civiles panameños a habilitar un corredor humanitario para los transportistas salvadoreños.
“A través de nuestra embajada en Panamá, por más de 30 días se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño”, reza el comunicado.
El mismo añade que apelando a las historias relacionadas de amistad y cooperación existentes entre El Salvador y Panamá hacían un llamado para que habiliten un corredor humanitario para que los compatriotas puedan salir de Panamá a la mayor brevedad posible.
“Mi carácter no es de mandar una cartita diplomática”, reaccionó Alfaro.
Las protestas
Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a First Quantum operar por 40 años esta mina situada en el Caribe panameño.
Desde entonces hay cortes de rutas que han afectado a casi todos los sectores productivos y ocasionado millonarias pérdidas, según gremios empresariales.
Una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de "inconstitucionalidad" del contrato, que deberán ser resueltas por la Corte Suprema, presidida por la magistrada María Eugenia López. El tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo.
Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.
Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.
Ello satisfizo a los ambientalistas, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos exigiendo que la ley del contrato sea derogada.