El Estado salvadoreño enfrentó el miércoles una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), acusado como responsable de la captura ilegal y posterior desaparición de la defensora de derechos humanos Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar y la empleada de la familia Julia Orbelina Pérez, hechos cometido por elementos de la Fuerza Armada el 28 de julio de 1982.
En la audiencia pública, el exesposo de Patricia Cuéllar señaló al coronel retirado Jorge Eduardo Morán Recinos como sospechoso de ser el responsable del operativo militar en el que su esposa y dos personas más fueron capturadas de manera arbitraria y desaparecidas.
Francisco Alfredo Álvarez Solís relató que la desaparición de su esposa estuvo antecedida de una serie de hechos de persecución, hostigamiento y acoso por parte de grupos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional (PN) y en uno de esos hechos reconocieron a Morán Recinos, quién era conocido de la familia por ser vecino.
“Investigué sobre él porque pienso que es una persona clave para contribuir en el esclarecimiento de la verdad”, expresó Álvarez.
En ese momento Morán Recinos ostentaba el grado de capitán y era jefe de inteligencia de la Policía de Hacienda. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, fungió como jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y actualmente candidato a diputado al Parlacen por el partido ARENA, detalló el esposo de Patricia.
La desaparición
El 28 de julio de 1982, como todos los días, Patricia pasó a dejar a la guardería a sus tres hijos: una niña de 8 meses, un niño de un año y ocho meses y otra de tres años, pero nunca volvió por ellos.
El personal de la guardería llamó al padre de los menores para que llegaran por ellos y eso alertó a la familia de que algo malo había pasado.
En la noche un grupo de militares fuertemente armados allanaron la vivienda de Mauricio Cuéllar, padre de Patricia y gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), donde fueron capturados él y su empleada Julia Orbelina Pérez.
Sin embargo, la familia supo de la captura hasta el siguiente día cuando Cuéllar no se presentó a una conferencia que tenía programada. La familia los buscó en los días posteriores de la captura, pero nunca dieron con su paradero y 41 años después siguen desaparecidos.
Un día antes de la desaparición, Patricia había acudido a las oficinas de Socorro Jurídico Cristiano para denunciar una persecución en su contra por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil, mientras se desplazaba en su vehículo.
Alvarez Solís declaró que la desaparición de las personas no fueron casuales, que previamente hubo actividades inteligencia y allanamientos militares, debido al trabajo de Patricia con organizaciones cristianas de base y como secretaria del Socorro Jurídico Cristino.
En el Socorro Patricia se encargaba de atender a víctimas de capturas ilegales y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
El acoso
La primera vez que Patricia sufrió hostigamiento militar fue en 1978 cuando un grupo de militares ingresaron a la vivienda, encañonaron con el fusil a su esposo, los interrogaron y les tomaron fotos.
Posteriormente, el 18 de marzo de 1981 un grupo de soldados entraron de manera violenta a la vivienda de los padres de Álvarez y Cuéllar, donde vivían junto a sus hijos. Los militares acusaron a la joven madre de ser “subversiva”.
Luego los militares en un vehículo se llevaron al padre de Álvarez para que les indicara donde vivía el padre y una tía de Patricia, en el mismo automotor los soldados llevaban un joven torturado y sangrando, quien fue llevado a la Primera Brigada de Infantería, conocida como cuartel San Carlos.
Afectaciones físicas y emocionales
Los familiares de las víctimas relataron ante la CorteIDH las afectaciones físicas y psicológicas que han sufrido durante más de 40 años tras la desaparición.
Ana Gladis Pérez de Castro, hija de Julia Orbelina Pérez, empleada del señor Cuéllar, explicó el impacto emocional que ha sufrido porque su madre era su apoyo en todo sentido y le ayudaba económicamente a sus cinco hijos.
“Yo tenía la esperanza que ella regresara un domingo, yo seguía esperando, decía yo que ella podía regresar”, expresó la señora ante el máximo tribunal, seguidamente se quebró en llanto.
Ana explicó que desde que su madre desapareció ella cayó en una depresión crónica, con la cual lucha hasta ahora y por la cual debe pagar, por su cuenta, un médico privado y comprar sus medicamentos.
Asimismo el esposo de Patricia relató las afectaciones físicas biológicas que sufrieron sus tres hijos ante la ausencia de su madre biológica. “Ellos han tenido ese vacío en sus días y cada uno ha respondido de distinta manera al dolor”, señaló entre sollozos Álvarez.
La versión del Estado
La testigo propuesto por el Estado, Elsy Lourdes Flores Sosa, coordinadora de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que entre las acciones realizadas en este caso solicitaron información a la Fuerza Armada sobre las capturas de las víctimas, pero esta aseguró que no encontraron información acerca de la captura de esas personas.
Asimismo informó que han realizado revisión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ver si hay algún reconocimiento que pueda coincidir con las tres personas, si hubiesen sido asesinadas y la revisión de cementerios, información que actualmente está siendo sistematizada.
“Si en algún momento encontramos algo, evidentemente vamos a informar a las familias, para pasar a otras acciones”, aseguró.
Flores Sosa explicó que la mayoría de información que la Comisión tiene fue entregada por el Socorro Jurídico Cristiano, que documentó ampliamente el hecho e información de la embajada estadounidense en este momento para que se realizarán acciones de búsqueda, debido a que Patricia tenía doble nacionalidad.
Ante la consulta de la CIDH sobre el hecho de que las víctimas identifican por lo menos a una persona integrante de los cuerpos de seguridad que podría tener información sobre el caso, la funcionaria pública respondió que “Hay varias personas que podrían ser vinculadas, sin embargo nuestra línea de investigación no es tanto determinar quiénes fueron los perpetradores”, aunque aceptó que en algún momento algunos perpetradores podrían tener información del paradero de las víctimas.
Sosa añadió que en las investigaciones desde el inicio están mencionadas personas entre ellos los encargados de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y del Ministerio de la Defensa, pero no han sido investigados.