El régimen de Nicaragua ha cerrado 3.390 ONG desde abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, según un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y compartido este martes a EFE por la ambientalista Fundación del Río, una de las ilegalizadas.
Según el informe sobre el cierre del espacio cívico en Nicaragua elaborado por la CIDH, se han identificado a 3.390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personalidad jurídica entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) registradas legalmente en el país centroamericano hace cinco años.
“Las organizaciones confiscadas representan el 47 % de las registradas legalmente desde 2018, esto pese a sus aportaciones para el desarrollo multinivel en el país, incluidas 26 universidades”, anotó la Fundación del Río, que dirige el biólogo Amaru Ruiz, que también da seguimiento de las ilegalizaciones de las ONG en Nicaragua.
Para Ruiz, presidente de Fundación del Río, “este cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y retorno a la democracia”.
El cierre “injustificado” de 3.390 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua han dejado 255 millones de dólares en pérdidas anuales para la ejecución de proyectos de desarrollo, a 23.000 personas sin empleo y 3,4 millones de beneficiados desatendidos, según la Fundación del Río.
En algunos casos, las ONG afectadas han sido ocupadas por la Policía Nacional, se les ha congelado sus cuentas bancarias y otros activos y se les ha criminalizado y perseguido política y judicialmente a sus integrantes, de acuerdo con Ruiz, a quien las autoridades privaron de su nacionalidad y de sus bienes muebles e inmuebles.
La Fundación del Río, que da seguimiento al cierre de ONG desde 2020, junto a la Fundación Popol Na, otra organización cancelada, y que ha elaborado tres ediciones del informe titulado “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”, indicó que un 38 % de las organizaciones sin fines de lucro canceladas atendían temáticas de derechos humanos.
Ese organismo ambientalista identificó cuatro motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de la labor de las ONG, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo, y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce “más de 300”.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.