Los congresistas Gerry Connolly (Virginia) y Verónica Escobar (Texas) encabezaron a 14 de sus colegas en el envío de una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que solicitaron información sobre los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que han sido detenidos injustamente en El Salvador en el marco del Régimen de Excepción.
En concreto, le solicitaron respuesta para las siguientes interrogantes:
1. ¿Ha determinado el Departamento de Estado que algún ciudadano estadounidense o residente permanente legal encarcelado en El Salvador ha sido "detenido injustamente" desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022?
2. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales han sido detenidos en El Salvador desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022?
3. ¿Se ha notificado regularmente a la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador cuando se detiene a un ciudadano estadounidense? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de notificación?
4. ¿Ha podido la Embajada en El Salvador reunirse en persona con todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes detenidos en El Salvador bajo el estado de excepción? ¿En algún momento se le ha negado al personal de la Embajada el acceso a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes?
"Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos más comentarios en este momento", dijo el portavoz de la Embajada de EE.UU. a solicitud de reacción de El Diario de Hoy sobre la carta enviada por los congresistas.
"La Embajada de los Estados Unidos no tiene mayor prioridad que la seguridad y bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Nos tomamos muy en serio nuestro papel de ayudar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, incluyendo aquellos detenidos, y trabajamos con las autoridades relevantes con este fin", escribió a través de un correo electrónico.
Los congresistas incluyeron en su misiva el caso de Nelson Vladimir Hernández Tobar, ciudadano estadounidense de 28 años, también conocido por su nombre artístico N-Real, quien fue detenido y “posteriormente languideció en prisión durante cinco meses a pesar de no tener antecedentes penales”. El caso fue documentado por el periódico digital El Faro.
“Como partidarios de una asociación fuerte y equitativa con El Salvador, creemos que Estados Unidos debe ayudar a El Salvador a avanzar en su lucha contra el crimen transnacional y la actividad de las pandillas. Esa asociación debe incluir la plena cooperación en el asunto de los ciudadanos estadounidenses detenidos en El Salvador”, escribieron.
También mostraron su preocupación por el hecho de que la Dirección General de Centros Penales haya declarado como reservada por 7 años la información relativa a extranjeros presos en El Salvador.
Para Ingrid Escobar, directora jurídica del Socorro Jurídico Humanitario, la carta es importante también para El Salvador porque evidencia que aquello que las autoridades de seguridad han denominado “margen de error” realmente es la consecuencia de un actuar sin protocolos establecidos más allá del arbitrio de un policía. Tanto así que se ha llevado de encuentro, incluso, a ciudadanos extranjeros, en un atropello sistemático que incluye violación del debido proceso, retardación de la justicia y malos tratos en centros penales.
“Esto ya llegó al conocimiento de funcionarios tan importantes en Estados Unidos. Claro, ellos hablan en nombre de sus representados, que en este caso son ciudadanos y residentes legales permanentes, pero deja en claro que hay que revisar muy bien los casos y dejar de sostener que se trata de un simple ‘margen de error’”, sostuvo Escobar.
La carta de los congresistas se suma a un aviso de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos del 17 de julio, en el que afirmaba: "Varios ciudadanos estadounidenses y de otros países han sido detenidos en virtud del Estado de Excepción, algunos de ellos de forma arbitraria".
“La diáspora salvadoreña en los Estados Unidos es una comunidad invaluable en el tejido de la sociedad estadounidense, y es el deber del Gobierno de los Estados Unidos ayudar a proteger y restaurar los derechos humanos de nuestros constituyentes y sus familiares”, concluye la misiva.