La falta de una captura inmediata, la retardación de justicia y la falta de programas de protección estatales para los huérfanos tras un feminicidio ha provocado la revictimización de la madre, su hijo y toda la familia de Melvi Fernanda Nájera, señala Agnes Palacios, abogada de la Colectiva Feminista.
Palacios explica que, desde el inicio, a pesar que había indicios de la participación de Michael Alejandro Castillo Murgas en el feminicidio, hubo falta de diligencia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar la captura. “Él pudo darse a la fuga porque no se le dio captura de manera inmediata” señaló Palacios.
Tras el hallazgo del cadáver de Fernanda, su familia explicó que Michael Alejandro había llegado a traer a la joven y a su hijo, luego de eso ella ya no contestó su celular.
Por otra parte, la abogada señaló la falta de una petición de extradición ágil y oportuna por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) lo cual permitiría que la Interpol realizara la detención del sospechoso al ser localizado fuera del país.
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La familia de la víctima denunció desde un inició que Michael Alejandro huyó a Estados Unidos tras cometer el crimen, debido a que tienen ciudadanía estadounidense.
El proceso judicial en contra de los cuatros acusados de complicidad en el feminicidio de Fernanda fue retrasado en múltiples ocasiones, por diferentes excusas, de tal manera que la audiencia preliminar fue realizada cuatro años después de cometido el asesinato.
La demora en la diligencias judiciales afectó emocionalmente y físicamente a la madre de Fernanda, manifestó la abogada de la Colectiva Feminista.
“Emocionalmente ha existido un grave daño y eso obviamente ha llevado a repercusiones de salud. Esa es una situación bien grave que ha sufrido doña Marielos” asegura.
Palacios considera que en el Estado deben existir programas y algunos mecanismos que ayuden a mitigar las secuelas a las víctimas secundarias de feminicidio de una madre o una hija, incluyendo beneficios de tipo económico para los niños que quedan huérfanos.
“En el caso de Marielos vemos a una madre sufriendo por la pérdida de su hija, pero también tenemos una abuela sufriendo por su nieto, ante el conocimiento de que la madre del niño no está y ella tiene que enfrentarse casi sola para poder sacar a este niño adelante” explicó.
La Colectiva Feminista y otras organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres comenzaron a apoyar a la familia de Fernanda, casi dos años después del feminicidio, ante la desesperación de la señora debido a que el proceso judicial había quedado estancado y ninguna institución del Estado le respondía.
La presión de los grupos feministas llegó hasta las instancias judiciales, logrando que el 21 de junio de 2021, la Cámara Especializada resolviera 64 peticiones relacionadas al caso presentadas por abogados y la Fiscalía, entre los años 2019 y 2021.