Las víctimas del “margen de error” del régimen de excepción son, en su mayoría, personas que habitan en territorios marginados e históricamente excluidos por los diferentes gobiernos, de condiciones que no permitan su desarrollo social y económico, según los datos documentados por organizaciones enfocadas en el respeto a los derechos humanos.
La documentación de denuncias de posibles violaciones a derechos humanos ha sido asumida por organizaciones sociales ante la ausencia de apoyo a las víctimas de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según han denunciado los mismos afectados, entre ellos el Movimiento de las Víctimas del Régimen de Excepción (Movir).
Verónica Reyna, directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), explicó que el 97% de personas que presentan denuncias por capturas arbitrarias ante las organizaciones sociales, son gente que trabaja, pero de manera informal, en negocios pequeños, ventas, actividades agrícolas que no generaba ningún tipo de protección laboral.
La defensora de derechos humanos agregó que son poblaciones que se han visto afectadas por el dominio y prevalencia de pandillas, han tenido que lidiar con estas estructuras delincuenciales en un contexto donde las condiciones sociales y económicas son bastante limitadas, hay un alto hacinamiento poblacional y una desatención profunda del Estado.
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“Son personas que vienen de comunidades y de territorios, donde generalmente ha habido presencia de pandillas, es decir, territorios marginalizados y excluidos de manera histórica con pocas condiciones de desarrollo, social y económico” detalló.
En tanto, un docente y experto en derechos humanos, que no dio su nombre por temor a represalias, subraya que la mayoría de acusaciones es por lo que le llaman “la voz pública”. Es decir, por el decir de la gente, por una llamada anónima, que es suficiente para la policía para llevarse a alguien.
Además, en este contexto, se violenta el derecho a la defensa de los detenidos, pues, cada quien tiene derecho a ser escuchado en un juicio. En tanto, de parte del Estado debe haber una imputación individual, clara y con la circunstancias debidas al hecho o delito relacionado.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, reitera que el estrato social que más afecta el régimen de excepción es a la gente pobre. “Atendemos a la gente trabajadora: agricultores, jornaleros, empleados u obreros de fábricas, personas que laboran prestando servicio de transporte tanto en pick up, taxis o plataformas digitales y maestros”, dijo.
Sin embargo, Escobar también ha denunciado que el régimen de excepción ha sido utilizado para amedrentar y callar a los sindicalistas que denuncian arbitrariedades y corrupción dentro de las instituciones de gobierno o municipales.
En abril de este año, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunció durante una conferencia de prensa que al menos veinte sindicalistas habían sido encarcelados desde que inició el régimen de excepción.
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La abogada penalista, Lucrecia Landaverde, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones en redes sociales las irregularidades en los procesos judiciales en el marco del régimen de excepción, también ha enfatizado que es la gente con menos recursos económicos la más afectadas por la medida de seguridad gubernamental.
“Afecta a la clase trabajadora, más desprovista de posibilidades económicas, a la gente más pobre definitivamente. Usualmente la gente es empleada, ganando salario mínimo, emprendedores, con pequeños negocios”, aseguró Landaverde.
Ella denunció que además se enfrentan a una serie de arbitrariedades desde el momento de la captura y la elaboración del acta policial. “Les inventan una acusación donde los policías mienten, en el acta policial dice que los capturan en una calle o lugar, donde no sucedió la detención, sino que se los llevaron de sus trabajos o de sus casa”, expuso.
Otros gastos
La falta de recursos que ya enfrentaban esas familias se agrava con la captura, debido a que pierden a un elemento generador de ingresos económicos y ahora se suman los gastos generados por la detención, enfatiza Reyna.
“El incremento del gasto que implica la movilización, las gestiones legales, la compra de los kits, la vestimenta y la alimentación de la persona privada de libertad. Esto representa un gasto significativo para la familia, que en la mayoría de los casos han perdido, si no el principal, alguno de los elementos que generan el ingreso familiar”, manifestó Landaverde.
El Socorro Jurídico mantiene una constante campaña de recolección de víveres y ayuda para aquellos casos que ellos han identificado como extremos.
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“Gracias a las organizaciones que han donado arroz fortificado y víveres a niños/a que han quedado sin su madre, porque, siendo inocentes, los soldados las remitieron y hoy estas mujeres ya tienen 17 meses presas en Apanteos. Fuerza para los niños/a que sufren todo este trauma”, se lee en uno de los tuits de ayuda publicados por el Socorro Jurídico.
Uno de los casos denunciados por el Socorro Jurídico es el de Hortensia, de 64 años, y Alba, su hija sordomuda. Las mujeres enfrentan una situación de extrema pobreza agravada por la muerte de Francisco Antonio Menéndez, quien murió seis meses después de que fuera liberado tras ser encarcelado durante el régimen de excepción.
Francisco era el compañero de vida de Alba y sostenía económicamente, trabajando en la agricultura, a las dos mujeres y sus cuatro hijos en edad escolar.
La Policía se llevó al campesino los primeros días de abril del año pasado, bajo el pretexto de que en unas horas regresaría. Sin embargo, regresó seis meses después gravemente enfermo hasta que murió.
Las mujeres ahora viven de la venta de las frutas de los árboles cercanos y de la ayuda que algunas personas altruistas les proveen.
La familia de Francisco no está enterada de qué es exactamente el régimen de excepción, el cual dejó sin derechos al agricultor y permitió que se lo llevaran sin que hubiera una orden de captura en su contra; pero sí están seguros de que lo que le sucedió no es justo.