Manuel de Jesús junto a su pareja Isabel estaban muy emocionados de ser parte de la iniciativa “Nacer con Cariño para un parto respetado y cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido”, impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. Su bebé Manuel con el mismo nombre que su padre, había nacido según lo estipulaba la ley.
“Nacer con Cariño” forma parte de la Política Nacional de Primera Infancia “Crecer Juntos” que busca propiciar que nuestra niñez alcance su máximo potencial de desarrollo, abarcando desde su gestación hasta cumplir los 8 años, con atenciones de calidad en salud, nutrición, educación, aprendizaje, cuidados y protección, a través de estrategias, programas y acciones interinstitucionales e intersectoriales para impactar en los objetivos económicos y sociales a largo plazo, y que todos puedan gozar de oportunidades equitativas y, finalmente, tener una mejor calidad de vida.
También asegura a la madre el derecho a estar acompañada de una persona de su elección durante todo el proceso de gestación, durante sus controles y al momento del parto. Así fue como Manuel acompañó durante el parto a su esposa Isabel.
Pero todo lo ofrecido en la ley solo duró 15 días. El 23 de mayo de 2022 Manuel de Jesús fue capturado en el marco del régimen de excepción junto a cinco integrantes más de la familia de Isabel. Dejándola a ella y su pequeño de 15 días de nacido en total abandono.
Video EDH/ Manuel Cruz / Carlos Coreno
Muy temprano salieron para trabajar la parcela de tierra asignada en las llanuras de la finca, en Tacuba, Ahuachapán. Los agricultores salieron a laborar y entre ellos iba José de 10 años, sobrino de Isabel.
“Los militares le dijeron a mi abuelo y mis tíos que se detuvieran que los iban a capturar, mi abuelo y los demás hicieron lo que decían y después que se los iban a llevar presos. Yo sentí mucho miedo”, recordó el niño.
A unos cuantos kilómetros de su vivienda un grupo de seis soldados y dos policías no les dieron razones o motivos, solo que se debía a una denuncia anónima de que pertenecían a pandillas. No les quedó otra que dejar sus herramientas tiradas en el suelo e ir con ellos.
Manuel de Jesús Ramírez fue capturado junto a su suegro José, el cuñado Hugo, un sobrino, Edgardo, y su concuño, Danilo. José fue el único que presenció todo.
Y aunque el niño corrió a la casa e intentaba decir que detuvieron a su abuelo, tíos y primo, la voz se lo impidió el temor y la angustia del momento lo había paralizado. Minutos después, el menor también fue testigo de la detención de su madre, Elsa, quien por exigir una respuesta por la captura injustificada de sus familiares fue llevada también. Un mes más tarde se llevaron otra familiar.
“Yo extraño mucho a mi mamá, abuelo y mis tíos porque ellos no han hecho nada malo”, dice José.
En total ocho personas de la misma familia fueron capturados, y hasta la fecha solo uno ha logrado salir libre.
A 18 meses del anuncio del presidente Bukele y la entrada en vigor de un régimen que suprime garantías civiles, se estima que hay un total de 73,000 capturados y aproximadamente 100,000 niñas y niños en situación de desamparo debido a la detención de sus padres.
Para la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, es lamentable la cifra. “Nosotros tenemos datos de 21,000 inocentes detenidos del total de 73,000 capturados. Y podemos decir que existen más de 100,000 (entre niños y niñas) que han quedado a la deriva en total abandono ya sea por que han capturado al padre o la madre o en el peor de los casos ambos y la están pasando mal”, indicó.
Agregó que este dato se ha cotejado con otras organizaciones y que se trata de “hijos de personas privadas de libertad” bajo el régimen de excepción.
Según datos proporcionados por Cristosal, cuentan con un registro de 156 violaciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes hasta la fecha, de quienes se atreven a denunciar pero que existe mucha gente que no lo hace por temor.
“No podemos negar que la situación de la niñez en este momento es de vulnerabilidad, estamos viviendo el mismo ciclo que vivimos en los años 80 donde nuestros niños y niñas están siendo descuidados, sin garantías y programas que velen por su desarrollo”, expresa Escobar.
Y aunque Isabel quedó libre para cuidar a su hijo y su sobrino, el daño sufrido en los menores es evidente. “Del susto hasta la leche se le secó a Isabel y eso fue duro porque el bebé no quería pacha. Nos tocó luchar mucho con eso porque ha presentado hasta desnutrición en sus controles”, comenta Balbina Madre de Isabel y abuela de los niños.
Ambas mujeres han tenido que sortear las dificultades y ver como sobreviven cuidándolos pese al temor que les embarga. Tienen que sobrellevar la carga económica y psicológica. “Nosotros la vemos de palito y con ayuda de otra de mis hijas, y gente de la comunidad hemos salido adelante, nosotros somos personas humildes”, lamenta Balbina.
“Podemos evidenciar que los niños no tienen acceso a servicios básicos, como salud y educación de calidad, ni atención psicológica. Al Estado no le interesa garantizar el bienestar que pregonan con la Ley Crecer Juntos”, indicó Escobar.
Y es que a casi un año y medio la situación no ha cambiado. Balbina cuida a sus nietos José y Manuel, mientras su hija sale a trabajar y poder llevar algo para solventar los gastos.
“El niño está bien traumado, al ver a los policías se encierra, tiene pesadillas por las noches. Todos los días por la tarde se pone a llorar y dice que extraña a su mamá. Nosotros no podemos hacer más nada, porque somos de escasos recursos”, comenta con tristeza.
El impacto psicológico de estos niños también se ve aumentado al observar la incertidumbre de los adultos de tener que recolectar evidencias para demostrar la inocencia de su familiar capturado y de no saber si regresará a la casa o no.
Manuel cumplirá año y medio y hasta la fecha no reconoce la figura paterna por la ausencia de su padre. Y entre las pocas palabras que ya dice una de ellas es papá para referirse a José su primo de 10 años con quien más juega y comparte todo el tiempo.
“A Zulma la capturaron embarazada y hasta la fecha no sabemos si su bebé nació con bien”
Paola y Walter, de 10 y 8 años, pasan sus días extrañando a su mamá, a la que no ven desde hace un año y medio. Una captura injustificada ha hecho que ellos y sus dos hermanos tengan que vivir en casas separadas y al último que no lo conozcan.
Zulma Lissette, de 27 años, estaba embarazada cuando fue capturada los primeros días de la aprobación del Régimen de Excepción. De ella y su bebé nada saben sus familiares. La joven también es madre de Jacqueline, Paola, Walter y Anderson que han sido separados para el cuido, dos están con su suegra y los otros dos con la abuela de esta.
“Del más chiquito no sabemos nada como ella se la llevaron embarazada de ahí no hemos sabido si nació con bien o habrá tenido complicaciones o qué del bebé. Lo único que sabemos es que está en el penal de Izalco” asegura un sobrino de Zulma quien junto a su madre se han hecho cargo de dos de los menores.
Según registros de Socorro Jurídico Humanitario, las edades en las que oscilan la mayoría de la niñez vulnerada rondan entre los 0 a 17 años “aunque no quieran aceptar son víctimas directas de las capturas del régimen de excepción sin atención del estado, vulnerando totalmente sus derechos” expone Escobar
Zulma vivía en Ciudad Arce cuando fue capturada por policías alegando que tenían una llamada anónima y que se la iban a llevar en vías de investigación por 15 días. Pero estos 15 días han sido más de un año en los que sus hijos han quedado al cuidado de sus parientes.
La joven no tenía un trabajo formal, sacaba adelante a sus hijos trabajando de lo que fuera. “Ella vendía frutas, lavaba ajeno lo que le salía de trabajo para darle de comer a sus niños”.
“Desde el momento que la capturaron nosotros nos hicimos responsables de los menores pese a que yo tengo mi propia familia. Mi mamá es la que está más pendiente y es quien le toca el cuidado de ellos”, cuenta una pariente.
Han hecho lo que está a su alcance para sacar adelante a los menores pero las condiciones económicas han sido un reto. “Nosotros hemos priorizado los gastos en el cuido de los niños, ya que para llevarle un paquete (a la detenida) no nos alcanza sólo hemos podido llevar como dos nada más”.
Paola y Walter han perdido dos años de estudio y aunque tienen un plato de comida y un hogar donde son atendidos y cuidados, han sido desamparados por el estado y la Ley Crecer con cariño.