Por segunda ocasión en dos semanas, el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, habló de “volver hacia el pleno de respeto de la ley” en El Salvador tras año y medio de vivir un estado de excepción que suspende garantías constitucionales y judiciales de los ciudadanos.
“Lo importante ahora es trabajar por El Salvador para mejorar la economía, para ayudarles en el momento en que el van a transitar del estado de excepción a algo diferente, van a volver al pleno respeto para seguir los procesos de la ley y tenemos que apoyar ese proceso”, declaró el diplomático en un acto público.
Duncan, sin embargo, hizo la salvedad de que “no se puede perder lo que han ganado en seguridad pública”.
En su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró que El Salvador ya no es “la capital mundial del crimen” y defendió las medidas de fuerza que ha tomado.
El régimen de excepción ha llevado a la cárcel a más de 75,000 personas a las que se ha acusado de pertenecer a pandillas o estar vinculadas a ellas, pero también el gobierno ha tenido que reconocer que debió liberar a al menos 7,000 de ellas porque no pudo comprobarles delito después de mantenerlas en prisión hasta por varios meses.
Organismos de derechos humanos han denunciado que más de 150 de los detenidos han fallecido en prisión o bajo custodia del Estado y que registran más de 4,000 casos de abusos al amparo del régimen de excepción, que permite capturas indiscriminadas, reclusión forzada y pasar hasta dos semanas sin ser presentado ante un juez que valore si la detención tenía bases legales o no.
La semana anterior, Duncan declaró que "el peligro que representaban las maras para la sociedad salvadoreña, el sufrimiento del pueblo gracias a ellos. Entonces, de que había necesidad de alguna acción por parte del Gobierno no cabe duda, pero también a la misma vez el Gobierno tiene que respetar el debido proceso de la ley. Esto es lo que hace falta ahora en el estado de excepción.
“Yo espero que puedan consolidar lo que han ganado en materia de seguridad pública, pero puedan volver a la normalidad en el debido proceso de la ley lo más pronto posible", declaró en esa ocasión.
En mayo pasado, Duncan manifestó que "respeta" las medidas de seguridad que se implementan en el país centroamericano contra las pandillas, pero "a la vez quiero decir que un sistema de justicia penal tiene que respetar el debido proceso de la ley y siempre vamos a abogar por eso", apuntó.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, insistió hace unos días en que la duración del estado de emergencia en El Salvador es excesiva y que son alarmantes "las detenciones masivas" que esto ha permitido.
Türk consideró inaceptables las condiciones en las prisiones, así como las restricciones cada vez más importantes para el ejercicio de los derechos civiles y el debido proceso, que las autoridades han justificado como necesarias en la lucha contra la criminalidad que tenía en vilo al país.
Mientras tanto, la Unión Europea (UE) instó el jueves anterior a El Salvador a poner fin al estado de excepción decretado por la violencia de las bandas y a avanzar hacia la “normalidad”, e instó en todo caso a que la medida no vaya en detrimento de los derechos humanos.
“Siempre hemos insistido en que las medidas adoptadas no deben ir en detrimento de los derechos humanos fundamentales, y ésta sigue siendo nuestra postura”, indicó el jefe adjunto de la División para México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Duccio Bandini, durante una sesión de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central de la Eurocámara.
Bandini consideró que “sería probablemente un momento oportuno para este poner fin a estas medidas excepcionales hacia la normalidad”, y tener en perspectiva “las políticas a largo plazo” que pongan el acento en los programas sociales y en la integración, de forma complementaria a las políticas de seguridad.
“El Estado de derecho y la gobernanza democrática siguen siendo fundamentales para la credibilidad de un gobierno y de un país, y las sociedades civiles son una parte esencial de ese esfuerzo”, recalcó el funcionario europeo.