El diputado de ARENA, Alberto Romero, engrosa ahora la lista de presos políticos, opositores a los que el régimen quiere mantener en la cárcel a toda costa aunque no se haya establecido plenamente que sean culpables de delito, como se evidencia también con el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a quien se le ha impedido el arresto domiciliario o la libertad condicional pese a que los jueces lo han ordenado.
A diferencia de los diputados oficialistas “procesados” en una suerte de "purga" para hacer creer que el régimen “combate la corrupción”, a Romero se le refundió en una celda del penal de Santa Ana. La foto del diputado Romero tras las rejas se distribuyó profusamente a través de los medios oficialistas para escarnecerlo y, a todas luces, sembrar miedo entre sus compañeros y la sociedad en general. Se trata de una humillación adicional a una persona encarcelada independiente de si es culpable o inocente, de acuerdo con penalistas consultados.
Por su parte, a Muyshondt lo van a enjuiciar de nuevo por un delito por el cual ya fue absuelto, lo cual, según los especialistas, violenta la norma que prohíbe juzgar a una persona dos veces por la misma causa, como se dice que sacaron de la manga para acusar de “enriquecimiento” a la exdiputada Lorena Peña, quien declaró tajantemente que “ni lícita ni ilícitamente” se ha enriquecido.
Como dijimos, el grupo en el poder quiere mostrar con estos casos que “lucha contra la corrupción”, pero los organismos de la sociedad civil le señalan que no está investigando a sus corruptos. Esto no se trata de buscar “un culpable” —el que vaya pasando—, sino a los verdaderos culpables que la gente bien sabe quiénes son. Tampoco se vale que por más implicados que se les crea, se les va a atropellar sus derechos como hemos visto.
Pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea están viendo con más y más atención lo que sucede en “la finca” del mandatario y claramente exigen, por ejemplo, que el país vuelva cuanto antes al orden constitucional, lo que entre otras cosas significa acabar con el “estado de excepción”, una autoconcedida licencia para pasar por encima de todas las leyes y normas de buen gobierno y especialmente la transparencia de lo que se hace.
Por segunda ocasión, el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, llamó al régimen a respetar el debido proceso, es decir, los derechos de los salvadoreños a no ser acusados ni condenados injustamente ni ser blanco de capturas ilegales ni otros abusos.
Es impostergable restablecer el Orden de Derecho en el país
El orden constitucional salvadoreño, al igual que en todas las democracias, se fundamenta en la separación de poderes, donde el Ejecutivo y el Legislativo están vigilados por el Poder Judicial que asegura la sana impartición de la justicia, la independencia de los jueces y el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con la ley, lo que ha venido siendo violado sistemáticamente, desde la remoción arbitraria de jueces hasta la resistencia de muchos funcionarios y jueces plegados al gobierno de cumplir con lo que la ley ordena.
En el año y medio que han mantenido el estado de excepción —la suspensión de derechos civiles y judiciales de los salvadoreños— el régimen ha detenido a más de 75,000 personas acusándolas de ser de pandillas, pero ha tenido que liberar a 7,000 de ellas que resultaron inocentes y que estuvieron hasta varios meses tras las rejas; 143 murieron al parecer por agresiones que sufrieron dentro, según han denunciado organismos de derechos humanos.
El último caso que se registra es el de Juan de Jesús Orellana, vecino de San Francisco Gotera, a quien en cuatro sucesivas ocasiones los tribunales ordenaron que fuera liberado, pero que el carcelero mayor —“porque así le dio su real gana”— rehusó hacerlo, por lo que el señor Orellana murió en prisión, un caso que repite la cruel decisión de no permitir a Raúl Mijango morir en su casa.
No se trata de que “hubo una gota que rebalsó el vaso”, sino las continuadas arbitrariedades que han llevado a la seria advertencia hecha por el embajador Duncan, cuyo objetivo es proteger a la población de actos arbitrarios y fortalecer las instituciones democráticas.