Por Cadena de responsables en la comisión de delitos del gobierno amparados en este momento por el régimen de excepción decretado por el presidente de la República Nayib Bukele el 27 de marzo del año 2022. La marcha de impunidad estatal está a cargo del Fiscal General de la República, magistrados y jueces, Consejo de Ministros, asesores de casa presidencial, Comisionado para los Derechos Humano y Libertad de expresión, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y diputados de la Asamblea Legislativa, Por historial de tan corto tiempo del Régimen de Excepción y los daños que se verifican en la humanidad e integridad de las víctimas en las presiones o centros de confinamiento del país.
Las cifras de muertes, que suman 240 personas; 184 están oficializadas y extraoficialmente se habla de 500 personas que han perdido la vida a manos de agentes del Estado en los centros penales del país.
Más aún la preocupación de niños y niñas que han venido a la luz de madres que han sido llevadas a las cárceles y que han tenido a sus hijos en condiciones deplorables de higiene y salud, niños y niñas que han muerto producto de la inhumanidad de este régimen que los castiga como si fueran delincuentes desde su concepción.
Una política represiva como la que se ejecuta contra la población, donde nadie asegura ahora ser libre, que cualquier persona puede ser capturada, sin ninguna investigación previa que indique la posible participación de las personas en hechos delictivos y la declaración de soldados y policías de que es culpable de la comisión de actos criminales contra cualquier persona pone en riesgo definitivo las libertades fundamentales de cualquier ciudadano nacional o extranjero.
Nos preocupa profundamente que el principio de presunción de inocencia se haya vuelto contrario al Derecho de legítima defensa y se esté sentando precedentes nefastos de culpabilidad. De allí que surge la aberrante idea de las llamadas audiencias masivas contrarias a todas luces al principio de legalidad en materia procesal penal.
Nos preocupan las actuaciones del Comisionado para derechos humanos y libertad de expresión de Casa Presidencial al guardar silencio y desde luego consentir al manifestar que en El Salvador no se VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS, que 153 muertes producidas en los centros penales se han archivado porque no hay que investigar sobre los cadáveres.
Nos preocupa sobremanera el rumbo que ha tomado la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos al mostrarse indiferente ante las aberrantes y abominables actos de tortura de prisioneros que han perdido la vida producto de haber sido torturados con lujo de barbarie por agentes del Estado.
Nos preocupa la desproporcional defensa del Estado de excepción que a mostrado en sus declaraciones públicas. Nos preocupa profundamente el no cumplimiento de las leyes y las normas internaciones de protección de los derechos humanos.
El 25 de mayo del año 2023 conocimos por medios informativos el nombramiento de un designado de la presidencia para los derechos Humanos y libertad de expresión, nombramiento que no cumplió con las requisitos de ley para la contratación de extranjeros en El Salvador, hombre de confianza de ultraconservadores colombianos que en nombre de la libertad a ejecutaron masacres de sus naciones, con el argumento de ser guerrilleros o contrarios al Estado del país latinoamericano. Por lo tanto, nos queda la duda razonable de sus funciones en El Salvador ya ha mostrado su beneplácito con los actos del régimen, ha declarado que el presidente está librando una guerra contra las pandillas y, por tanto, debe agotarse las reglas establecidas, lo que da la impresión es que no está al servicio de los derechos humanos, sino en la defensa del régimen del presidente Bukele.
Los hechos y datos que se obtienen por testimonios de las víctimas son imposibles de ocultar a través de su investidura como lo pretende los violadores de derechos humanos. Los cadáveres muestran los horrores de las torturas propinadas en la humanidad de las víctimas inocentes asesinadas.
Pareciera que el derecho a vivir de los salvadoreños está ahora en manos de un régimen de gobierno al que no le da importancia y, por lo tanto, el derecho a vivir no forma parte de su haber cultural y educativo como valor universal al que se debe respetar a todos los seres humanos.
Una medida excepcional tiene necesariamente estarse al margen que refiere la Constitución de la República en sus artículos 29,30 y 31, y agotadas las circunstancias que dieron origen deberían desaparecer o ser derogadas por el Órgano Legislativo.
La responsabilidad del gobierno al mismo tiempo era decretar mediadas excepcionales de reparación en tanto un gran número de mujeres, hombres y niños que han quedado en completo desamparo de uno de sus progenitores, medidas excepcionales a corto, mediano y largo plazo para atender el problema social creado por la improvisación del Decreto 333 , que viabilicen la salud mental de las familias dañadas por la captura de uno de las cabezas principales de familia.
La restitución de derechos de ese conglomerado de familias es vital, ya que de no hacerlo el gobierno podría generar brotes indeseables y abrupta de un tipo de violencia contestaría nada saludable para la población.
Las acusaciones calumniosas convertidas ahora en pruebas irrefutables por el régimen y jueces impuestos por el presidente de la República es de valorarlo concienzudamente.
El comisionado, sin equivocarnos, está allí para defender y asegurarle un margen de impunidad que le permita salir avante de sus actos arbitrario, mantener limpia la imagen del presidente y su régimen parece ser su prioridad, dos escenarios críticos que se avecinan en esta recta final, una las elecciones del próximo año, y segundo la continuidad del régimen emperador.
El puesto de comisionado para derechos humanos que por ley correspondía a un salvadoreño por excelencia, lo ocupa ahora un extranjero con pocas o nulas credenciales en la materia. Su contratación no es una casualidad, es la de mantener su popularidad a costa de la impunidad y atropello de los derechos humanos de miles de personas inocentes sumidas en las peores condiciones carcelarias junto a acérrimos criminales curtidos de matar; la mejor versión para disfrazar las muertes y otros vejámenes a la integridad de las personas inocentes en prisión es la cobertura de la desinformación oficial haciendo creíble sus mentiras por medio de los agentes que dicen representar y defender los derechos humanos de la población salvadoreña, como el comisionado y la representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El régimen de excepción constituye una política criminal de capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, perturbación de las libertades fundamentales del pueblo, amenazas a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, estudiantes y maestros, campesinos, empleados públicos y municipales, la reserva e incomunicación de los detenidos constituye la regla común.
El señor Comisionado y la señora Procuradora guardan silencio de graves atropellos a los derechos de la niñez que han tenido que nacer en las cárceles; 21 inocentes sufren los más brutales ataques a su integridad física, moral y psicológica, de los cuales han muertos muchos de estos.
Director de Asuntos legales del Socorro Jurídico Humanitario.