Representantes de la organización jurídico-humanitaria Cristosal interpusieron ayer un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles delitos relacionados a la corrupción cometidos por el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, junto a funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y otras personas.
Representantes de Cristosal interpusieron un aviso ante la Fiscalía General para que investigue los presuntos actos de corrupción cometidos por el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza
Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal, explicó que funcionarios y la alta gerencia del ISTA deberían ser investigados por la presunta venta de propiedades costeras, sin explicaciones claras, a $11,000 y sin cumplir con los requisitos legales; también incluye la reventa a una socia vinculada a la madre de Osiris Luna, según lo han revelado investigaciones periodísticas y fue citado por la organización.
Las investigaciones, publicadas por los periódicos El Faro y El Diario de Hoy, señalan que parte de un terreno que hace varios años era del Estado (ISTA) y que había pasado a ser propiedad privada, volvió a ser propiedad estatal, después que ambos medios documentaran y denunciaron que reos de confianza trabajaban en la perforación de un pozo de agua potable dentro del rancho privado.
El inmueble a orilla del mar en la playa Las Hojas, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, fue donado a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para la supuesta construcción de una planta desalinizadora.
Marta Mileydi Campos, socia y amiga de Alma Yanira Meza Olivares, madre de Osiris Luna Meza realizó la donación “de manera gratuita e irrevocable”, según consta en documentos legales a los cuales El Diario de Hoy tuvo acceso. Osiris Luna Meza es viceministro de Seguridad y director de Centros Penales.
Los representantes de Cristosal consideran que la Fiscalía también debería investigar el presunto uso de reclusos en proyectos que benefician a individuos particulares, sin justificación aparente, lo que podría constituir utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, actos arbitrarios o malversación de vehículos estatales para fines personales.
En abril de este año, El Diario de Hoy pudo constatar una denuncia realizada por los vecinos del Asentamiento comunitario No 1, Las Hojas, quienes expusieron que entre 15 y 20 reos en fase de confianza, vestidos con camisas mangas largas azules y con brazaletes electrónicos en los tobillos, estaban trabajando en la construcción de un rancho de playa en un terreno privado.
Los denunciantes aseguraron que los reos eran tratados “como esclavos”, pues trabajan de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., sin que les proporcionen almuerzo ni agua. Toda la jornada la hacen bajo el sol, cavando zanjas o quebrando piedras.
Varios lugareños, al enterarse de lo anterior, por humanidad, les proporcionaban agua y algún tipo de comida, otros les regalaron frutas para que apaciguaran el hambre y sed. Algunos de los reos no se han reprimido la necesidad de pedir que les regalen cocos, abundantes en el lugar.
“Aquí la gente les regala cualquier cosa para que coman porque a los pobres no les dan ni comida ni agua”, relató un habitante de Las Hojas, quien está al tanto de que la mayoría de hombres que trabajan en la construcción del rancho son presos en fase de confianza. Los mismos presos se lo dijeron y también lo confirmaron los brazaletes electrónicos que llevaban colocados en los tobillos.
“Pedimos información en Centros Penales sobre los procedimientos de los convenios con personas particulares para que los reos en fase de confianza puedan trabajar y sobre las remuneraciones, pero la información fue declarada reservada", manifestó López.
Los abogados manifestaron que las investigaciones fiscales deben determinar si los funcionarios involucrados cometieron encubrimiento o si formaron parte de un plan para su propio beneficio, lo que podría considerarse como agrupaciones ilícitas.
“Estamos hablando de la participación del ISTA, sobre esto ya ha habido precedentes sobre actuaciones irresponsables de parte de los funcionarios, de igual forma es peculiar la participación del presidente de Anda de lo que nosotros podríamos suponer inicialmente un posible delito de encubrimiento” manifestó Ricardo Montoya, representante de Cristosal.