Organizaciones y movimientos sociales marcharon este 15 de septiembre para denunciar supuestas arbitrariedades cometidas durante el régimen de excepción, la falta de democracia y el irrespeto a la Constitución de la República al permitir la reelección del presidente Nayib Bukele para las próximas elecciones.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, aprovechó la conmemoración del Día de la Independencia para exigir el acceso de independencia judicial para las personas capturadas de manera arbitraria, durante el régimen de excepción. “Solo en el Socorro Jurídico tenemos los casos de más de 1,500 presas que son inocentes, que les llevamos su causa y por ello estamos aquí” expresó Escobar.
Seis organizaciones sociales han documentado 5,400 denuncias de personas que han sufrido supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales en el contexto del estado de excepción.
Por su parte, Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (PNC) manifestó que hay un gran retroceso en cuanto a las libertades de los ciudadanos. “En este gobierno se han lesionado los derechos vitales de la ciudadanía, aquí se ha apresado gente que no tiene nada que ver con las estructuras de pandillas, simplemente por un capricho” declaró.
Reyes agregó que la situación se agrava debido a que no hay independencia de poderes, sino un control del Ejecutivo. “Si se les planta a ellos “despluman” a cualquier institución, la eliminan y la gente se va despedida sin ninguna institución, sin que se le respete el debido proceso.
En ese mismo sentido, José Ruiz, representante de las comunidades del Bajo Lempa denunció que no funciona la institucionalidad en los casos de los capturados durante el régimen de excepción. “Estamos aquí para exigir la libertad de los inocentes desaparecidos por el régimen de excepción. Hemos presentado 130 casos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta este momento no nos han resuelto nada”, declaró.
Asimismo Samuel Ramírez representante del Movimiento de las Víctimas del Régimen (Movir) repudió las capturas arbitrarias y los procesos judiciales “amañados”.
“Como movimiento de víctimas del régimen repudiamos esas políticas y esa persecución contra la población salvadoreña, la falta de información de centros penales y esos procesos judiciales que no avanzan, las prórrogas de la Fiscalía dedicada para los inocentes porque los que son criminales ya los condenaron y tienen su expediente manchado y delitos que perseguir” expuso.
Sector salud
Representantes del sector salud denunciaron la falta de medicamentos e insumos y pidieron respeto para la labor de los médicos. “Estamos pidiendo la legalidad, que se mejore el sistema de salud y que se respete al médico como tal” expresó Roberto Montoya Arguello, presidente del Colegio Médico.
Norma Pinto, en representación del Foro Nacional de Salud, denunció graves carencias que amenazan la calidad y accesibilidad de la atención médica entre ellas: escasez de recursos, infraestructura inadecuada, falta de personal y el desabastecimiento de medicamentos.
Pinto además denunció la situación laboral de los trabajadores de salud que enfrentan suspensiones y despidos arbitrarios como represalias.
Sin democracia ni transparencia
Ruth Eleonora López, representante de Cristosal explicó que aunque en El Salvador nunca se ha vivido una democracia plena, había mecanismos de protección que en este momento ya no existen. “Tenemos que tener en cuenta que ya no es una democracia (…) en este momento estamos hablando de un régimen autocrático electoral”.
López aclaró que lo único que nos separa de una autocracia total es un proceso electoral que está en riesgo por la falta de autoridad del mecanismos y falta de autoridad del Tribunal Supremo Electoral para hacerlo valer. Por su parte, el juez Antonio Durán se expresó sobre la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Es un ministerio de Casa Presidencial, esos no son jueces independientes sino estuvieran aquí protestando contra el dictador.
Además Durán señaló que los que están en la Sala de lo Constitucional son usurpadores y golpistas. “Están usurpando las funciones constitucionales que les corresponden a los magistrados removidos el 1 de mayo” manifestó.
El concejal Héctor Silva por su parte exigió transparencia en el uso de los fondos públicos y expresó que es necesario denunciar el autoritarismo que sigue caracterizando al gobierno actual.
“Hay muchas preguntas que responder, ¿qué pasó con el dinero que usaron para invertir en el bitcoin? ¿Cuándo estará listo el mercado San Miguelito? cuestionó.