Sorpresivamente y sin que se exponga quién garantizará el correcto manejo de fondos ni que se rinda cuenta de los mismos, Centros Penales ha notificado a los familiares de reos que deben afiliarse para poder depositar dinero a una cuenta que maneja esa institución, para que los presos puedan comprar en las tiendas penitenciarias, dijeron parientes de los reclusos.
Además, los prisioneros ya no recibirán paquetes de alimentos y artículos de higiene cada mes, sino que cada tres meses.
Según explicaron, los parientes pueden afiliarse al “fondo” en la oficina de Antecedentes Penales, en San Salvador, donde son llevados a una ventanilla donde les atiende una cajera. “El sitio parece como un banco”, describió un familiar que hace estos depósitos regularmente.
El Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) otorga un número único a cada una de las personas detenidas, el cual deben conocer sus familiares para depositarles dinero en una cuenta llamada Fondo Único de Tiendas Institucionales, conocida como “El Fondo”, cuyo control y administración es responsabilidad de Centros Penales, una dependencia constantemente criticada por su falta de transparencia ni rendir cuentas de sus actos.
FOTO EDH / FRANCISCO RUBIO
Además de llevar el número SIPE, las personas que están interesadas en afiliarse deben entregar fotografías del familiar que hará los depósitos, sus antecedentes y solvencias de la PNC.
¿Qué beneficios ganan al afiliarse? Según los familiares, solamente depositar dinero a una cuenta, ya que, al hacer cualquier pregunta sobre el estado de salud de las personas detenidas, las cajeras encargadas de recibir el dinero comentan no poder compartir esa información.
Algunos de los sitios para depositar dinero son las colecturías de la DGCP de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y más. Uno de los puntos habilitados para hacer depósitos es el Centro de Detención Menor de Zacatecoluca, el cual EDH visitó.
En ese sitio se puede hacer transacciones para el Centro de Detención Menor y para el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En los alrededores del lugar se pueden ver dos tipos de movimiento. Un grupo de personas a la izquierda del penal, comprando, alistando y entregando paquetes, que en su mayoría son de alimentos, y a la derecha hay otra fila de personas esperando pasar a una ventanilla para ser atendidas por una cajera.
Crecen las dudas porque nadie explica
“Ella (la cajera) solo pregunta el número de SIPE y cuánto dinero se va a depositar. Si se le pregunta cómo están los detenidos, ella levanta las manos y dice no saber ese dato”, explicó una familiar en el lugar, quien tiene a dos de sus hijos detenidos.
Cristóbal, quien decidió no revelar su nombre verdadero en esta publicación por temor a represalias, comentó que su papá, un pescador de San Luis La Herradura, lleva 18 meses detenido bajo el régimen. Hasta el momento él, junto a demás miembros de su familia, han logrado depositar dinero en tres ocasiones; la primera en San Salvador por un monto de $75, las otras dos han sido en el Zacatecoluca por las cantidades de $40 y $25.
En la tercera ocasión que fue al sitio, después de realizar el depósito, Cristóbal preguntó cuánto dinero tiene disponible su padre en su cuenta, a lo que la cajera le dijo que en la cuenta de su papá hay $140, la suma de las tres transacciones que han realizado. “Ni un solo centavo se ha movido”, comentó Cristóbal.
Esto lo hace dudar si ese dinero le está llegando a su papá o incluso si su papá ha fallecido en el interior de un penal y las autoridades no se lo han informado.
TAMBIÉN: Funcionarios penitenciarios delinquen al ignorar órdenes de libertad
Lethy, otra familiar de un detenido, ha intentado acercarse a depositar dinero a la oficina de Antecedentes Penales en San Salvador durante los seis meses que su hijo Óscar lleva detenido. Ella comenta que intenta dejar paquetes alimenticios y de limpieza, pero que es realmente más fácil hacer la transacción, aunque admite que en algunas ocasiones no ha tenido dinero para hacerlo, por lo que los amigos de Óscar han recolectado para hacer el depósito. “Yo intento depositarle $50 o $60 mensuales para que los use. Solo Dios sabrá si se lo están dando o no, tengo la esperanza que sí” comentó Lethy.
Los tickets que se generan al depositar el dinero tienen escrito: “Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Centros Penales”, le sigue el nombre del lugar donde se realizó la transacción; fecha y hora; el número de DUI de la persona que ingresa el dinero y la persona que lo recibirá; luego le sigue el monto que se deposita y a qué área va dirigida, de último pide la firma de la persona depositante asegurando que el dinero sea lícito.
FOTO EDH / FRANCISCO RUBIO
Aumenta el monto
Anteriormente, la DGCP solamente admitía el depósito máximo de $150, pero el 17 de febrero del presente año el gobierno acordó modificar el artículo 154-E del Reglamento General de la Ley Penitenciaria para aumentar el techo de los depósitos a $500. Dos días después ya había sido aprobada la reforma y publicada el 20 de febrero en el Diario Oficial. La reforma entró en vigencia el 28 de febrero del 2023.
Según múltiples entrevistas con personas que llegan a los puntos autorizados para depositar a sus parientes detenidos, la mayoría deposita alrededor de 40 dólares mensualmente. Si el Ministerio de Justicia y Seguridad afirma que hay alrededor de 71,000 detenidos bajo el régimen, en un cálculo aproximado, la cuenta de Centros Penales recibe alrededor de 2,840,000.00 de dólares al mes.
Con 96,000 personas encarceladas, El Salvador se ha convertido en el país con la tasa más alta de presos en el mundo, con 605 presos por cada 100.000 habitantes según la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Sustracción de paquetes
El Diario de Hoy visitó el 30 de marzo pasado los alrededores del penal de Izalco debido a múltiples denuncias hechas por familiares de detenidos que los paquetes no son entregados en su totalidad a sus parientes. Este periódico logró llegar hasta donde custodios reciben los paquetes. Las personas hacían fila esperando su turno para buscar el nombre de su familiar y saber si se encuentra en ese penal o en otro.
Algunas personas que llegaron desde San Salvador tuvieron que regresar cargando el paquete de aproximadamente $170 porque su pariente recientemente había sido trasladado al penal La Esperanza, conocido como “Mariona”.
Debido al nulo acceso al interior de los centros penitenciarios, se logró contactar con personas que han sido liberadas. Manuel estuvo detenido por más de un año en el penal de Mariona. Él comenta que lograba ver el ingreso de los paquetes, pero antes de ser entregados a ellos, los custodios dividían la avena, galletas y demás productos en otras bolsas y el sobrante era entregado a ellos.
Josué, primo de Cristóbal, logró su libertad hace un mes. Él comentó que no recibía todo el paquete que su familia le enviaba. “Una cuarta parte del sobre de avena me dejaban en otra bolsa, pero lo demás se lo quedaban ellos” comentó Josué.
TAMBIÉN: Bebé nacido en prisión murió a los seis días de ser entregado a familiares
Debido a estas y muchas más denuncias de personas comentando que los detenidos no reciben los paquetes, las autoridades del Centro de Detención Menor de Zacatecoluca tomaron la decisión de colocar fotografías de reos sosteniendo grandes paquetes en bolsas transparentes para mostrar que si son recibidos.
Los familiares dicen sentir desconfianza, ya que tras tanto tiempo visitando los distintos penales del país han logrado hacer una red de información y familiares de personas detenidas han logrado conversar con reos que fueron liberados, quienes les reafirman que los paquetes no llegan completos.
Actualmente, se han agregado distintos materiales a las bolsas que entran a los penales. Ahora los familiares pueden enviar sopas instantáneas, café soluble, pan dulce, pepinesa, pan de caja y libras de azúcar. “Esto lo más seguro que lo quieren para agarrárselo ellos, pero yo lo compro porque tengo la esperanza que, aunque sea una parte se la den a mi hijo”, comentó una mujer que no quiso identificarse.
Debido a la desconfianza en los custodios, algunos deciden mejor depositar dinero u optan por comprar paquetes que ofrece el mismo penal. El paquete de alimentos lo dan a un costo de $35, el de higiene a $15, medicinas a $20, el paquete de ropa incluye camisa, short, bóxer, calcetines y crocs a $20 y el combo más costoso es el de colchoneta, sabana, almohada y demás accesorios, el cual tiene un valor de $70. “Un churro que acá afuera cuesta $0.15 allá adentro vale $0.75” comentó una familiar afuera del Centro de Detención Menor de Zacatecoluca sobre los precios en la tienda penitenciaria. Es decir que se le aumenta cinco veces el valor del producto original.
La sombra de la corrupción cubre dineros en centros penales
Fuentes penitenciarias dijeron que las tiendas en los presidios fueron creadas en la década de los años 90, pero tras la tregua de 2012 se denunció que sus ingresos eran utilizados para pagarles a los pandilleros y sus familias. Además, el uso de efectivo se prestaba para las extorsiones internamente.
A finales de 2014 se reformó la ley para que Centros Penales desarrollara el sistema “Cero Dinero”, que consistía en eliminar el uso de efectivo y asignar un número de cuenta a cada interno en la cual sus familiares, o cualquier persona autorizada, le depositarían dinero para sus gastos. Pero igualmente se detectó un fraude de $208,393.19 de las cuentas de las tiendas penitenciarias durante el gobierno del FMLN en 2012 y 2014.
En agosto del 2018 se determinó que $14.7 millones fueron trasladados a cuentas particulares o para otros usos, según la Fiscalía General de la República. 20 involucrados fueron detenidos fueron capturados en 2021 y el juicio continúa.
En 2019 se reformó el Reglamento General de la Ley Penitenciaria, estableciendo que, para el uso de este fondo, la DGCP debía crear una comisión conformada por cinco miembros, representantes de la Policía Nacional Civil, Hacienda y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta comisión, que por ley debe ser dirigida por el director general de Centros Penales, nunca fue formada. Es decir, que la única persona responsable del gasto del dinero de las tiendas institucionales fue exclusivamente Osiris Luna, el actual director.
Osiris Luna es un funcionario sancionado por Estados Unidos por la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel” por actos de corrupción. También ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro con la Ley Global Magnitsky junto a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social porque, según el Gobierno de Estados Unidos, “son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el sobornos”. dice el informe del Departamento del Tesoro.
